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CASO FLORENCIA MAGALÍ MORALES: FORMULARÁN CARGOS CONTRA LOS CUATRO POLICÍAS IMPUTADOS EN LA CAUSA

Se trata de Heraldo Reynaldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres.

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  Radio Rivadavia

Por Sofia Ortiz

A casi dos meses del sexto aniversario por la muerte de Florencia Magalí Morales (35) su familia continúa esperando que se esclarezca el hecho y que se condene a los responsables. El juzgado de Garantía y Contravencional N°1, de la Tercera Circunscripción Judicial, fijó para el 16 de marzo audiencia de formulación de cargos y tratamiento de medidas de coerción para los cuatro imputados en la causa. Se trata de Heraldo Reynaldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres.

La audiencia se realizará a las 9:30, en Concarán. El hecho investigado sucedió el 5 de abril de 2020 cuando el país atravesaba la pandemia. Para ese entonces en la provincia y bajo las directivas de Alberto Rodríguez Saá la gente solo podía circular de acuerdo a la terminación de su DNI. Quienes terminaban en número par salían unos días y los impares otros.

Aquel día Morales, de acuerdo a esa disposición, no podía circular. La falta de alimentos para sus hijos y su nieta la obligó a salir de su vivienda, ubicada en Santa Rosa del Conlara, a hacer compras.

Fue hasta la plaza principal del pueblo y se detuvo al frente, en la Comisaría N°25, a donde entró a buscar una tarjeta que le tenía un conocido suyo. Cuando los efectivos se dieron cuenta que no estaba habilitada para andar en la calle la retuvieron y allí comenzó la historia que culminó con su muerte.

Qué pasó, quiénes actuaron y cómo fue que murió sigue siendo hasta el día de hoy un completo enigma.

Horas más tardes de su detención su familia, en Mendoza, recibió a través de un llamado la noticia de que “se había suicidado” en la dependencia policial. De inmediato buscaron los medios y llegaron hasta la localidad del norte provincial, aunque no se explicaban ni entendían lo que supuestamente había ocurrido. Lo que sí tenían en claro es que todo lo que se decía sembraba más dudas que certezas.

Celeste Morales, su hermana, aseguró que advirtió que en su cuerpo Florencia tenía marcas y hematomas.

Desde que sucedió el hecho que estremeció a la comunidad y a la provincia hubo pocos avances en la causa. La carátula tuvo un cambio, pasó de ser “privación ilegítima de la libertad en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones” a “tortura seguida de muerte”; se realizaron pericias y luego el expediente se estancó entre múltiples apelaciones, recursos de casación e impugnaciones presentadas por los abogados de los imputados.

En la causa lo único que está claro son los roles que cada uno de ellos cumplían aquel 5 de abril de 2020. Heraldo Reynaldo Clavero, era jefe de la Comisaría; Marcos Dionisio Ontiveros, jefe de la guardia y las policías María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres formaban parte de la guardia.

Todos fueron dados de baja de la fuerza por cesantía y continúan el proceso en libertad. Jamás declararon en la causa. Al momento del hecho Darío Neira era quien estaba como jefe de la Policía y Luciano Anastasi, al frente del ministerio de Seguridad.

Durante la investigación surgieron miles de interrogantes, pero también quedaron al descubierto desprolijidades como la desaparición de papeles y documentos de la comisaría como así también la autopsia incompleta realizada por el médico forense Gustavo Lafourcade Durán.

En busca de una condena ejemplar

En la audiencia del 16 de marzo estará presente Celeste Morales, como denunciante en la causa. Federico Putelli, abogado de la familia, aseguró que durante la misma solicitarán que se les imponga a los imputados prisión preventiva.

“Esa medida cautelar sería correcta no solo por la pena en expectativa, que es de prisión perpetua, si no valorando los peligros procesales y los requisitos. Entiendo que es la medida más justa en esta causa, es lo que vamos a solicitar como querellantes al igual que la secretaría de Derechos Humanos”, explicó el letrado a El Chorrillero.

Aseguró que los familiares “buscan llegar a una condena ejemplar”. Resaltó que, llegado el juicio oral y público, los acusados deberían ser juzgados por femicidio.

“Nosotros sostenemos que fue un femicidio. A nivel de reproche e imputo penal en valoración a la prueba que hay hasta el momento lo seguimos sosteniendo. Comparando estas dos calificaciones legales por una cuestión técnica y llegando a un debate oral y público nosotros lo podemos requerir ante un tribunal oral pero la pena en expectativa, en definitiva, es la misma”, detalló.

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