Radio Rivadavia

La Municipalidad de San Luis volvió a denunciar a un funcionario de la gestión de Sergio Tamayo. Está vez la presentación judicial fue en contra del ex secretario de Hacienda, Nicolás Carpio.

En la acusación presentada en la Unidad de Abordaje Fiscal, expusieron que al asumir la nueva intendencia se advirtió que Carpio, “sin ningún tipo de acto administrativo que lo avale, suscribió en su carácter de presidente de Transpuntano, un contrato con la empresa Colcar Merbus SA”.

La firma involucró la adquisición de 20 unidades 0 kilómetro por la suma de U$S 3.140.000 “dejando endeudado al día de la fecha al Municipio, y en consecuencia a los vecinos de San Luis, por una suma equivalente a 1.024.000,00 dólares”.

En este sentido, el secretario Legal y Técnico, Andrés Heredia pidió que se investigue a Carpio por “la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes como funcionario público”.

En declaraciones a El Chorrillero, el funcionario de Gastón Hissa explicó que Carpio era secretario de Hacienda y presidente de Transpuntano. En ese rol “adquirió para la empresa 20 unidades por 3.140.000 de dólares”.

“Ante esta envergadura de precio y demás, debería haber avisado al Concejo Deliberante, sacar una resolución o un decreto informando. No debemos olvidar que si bien es Transpuntano es Sapem, quien aporta todo es la Municipalidad de San Luis, es decir, la plata de los vecinos. No es una empresa privada”, sostuvo.

A esto sumó que el procedimiento no involucró una licitación o propuestas de otras empresas para encontrar el valor más adecuado a los recursos municipales: “Está solo el contrato con Colcar Merbus. Directamente fueron e hicieron negocio con esta empresa”.

Heredia también tuvo en cuenta que esa adquisición endeudó a la intendencia porque hubo una entrega inicial y se pactaron 24 cuotas de más de 60 mil dólares. La administración de Tamayo sólo canceló ocho y dejó de pagar en octubre. “Es totalmente irregular”, cuestionó.

En este sentido, desde la Municipalidad piden que la Justicia cite a declarar a la empresa que vendió las unidades, a los ex funcionarios, a las autoridades actuales de Transpuntano y también al secretario General de la UTA, Iván Piñeyro.

En relación al gremialista, Heredia planteó que “debe haber tomado conocimiento de esto” y buscan que “explique si tenía conocimiento de esto el gremio o no y de si podía perjudicar a los empleados o no”.

“Ahora quieren cobrar más, los trabajadores, pero ¿cómo vamos a hacerlo si tenemos esta deuda que viene arrastrándose? Lo debe haber sabido el gremio, aunque siempre se escondió”, manifestó el secretario Legal y Técnico.

Consideró que la UTA pudo oponerse porque “esto iba a impactar en los sueldos” y reconoció que actualmente no saben “cómo hacer frente a la deuda” con Colcar Sapem.

Heredia mencionó que han recibido intimaciones desde la empresa para que hagan frente a los pagos “bajo apercibimiento de ir a secuestrar las unidades”.

“El Municipio no quiere eso, así que vamos a hacer un esfuerzo exorbitante para poder pagar. Pero ya tenemos 180 mil dólares de deuda”, expresó.