DESDE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD INSISTEN EN QUE LA JUSTICIA NO APLICA LA LEY DE REITERANCIA
Desde la cartera hicieron referencia a las escasas respuestas que ofrece la Justicia para combatir el flagelo de la delincuencia. En los últimos 7 meses, la Policía detuvo a 1169 malvivientes de los cuales sólo el 16,9% quedaron detenidos.
El jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes y el director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo en una conferencia de prensa abordaron con críticas al rol que tiene actualmente el Poder Judicial en no aplicar la Ley de Reiterancia para la mayoría de los casos en los que deben resolver situaciones procesales de delincuentes que cometen ilícitos sucesivamente y no son condenados.
“Un total de 1169 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las fiscalías en la órbita judicial. De todas ellas, solo a 188 se les dictó la prisión preventiva, el resto recuperó la libertad en 24 o a lo sumo 48 y 72 horas, por lo que la ciudadanía requiere una respuesta. Yo soy la voz de la Policía, que está volcando todos los recursos humanos y logísticos para combatir y prevenir el delito”, planteó la máxima autoridad de la fuerza de seguridad.
En ese sentido, Vieytes indicó que sobre estos índices “no guardamos ni escatimamos nada, estoy hablando con la verdad desnuda. Estos son datos y no relatos que incluso también tiene la Fiscalía”.
También recordó la función que tiene el fiscal dentro de una investigación y la definió como el “director técnico”.
“Es la persona que la dirige. La Policía tiene dos funciones, una preventiva, a la que tenemos que apostar; y otra como auxiliar de la Justicia. Si sólo dictaron prisión preventiva a 188 de 1169 detenidos, significa que apenas un 16,8% terminó en la cárcel. Recordemos que es una medida provisoria que puede durar hasta 120 días, no determina una condena”, sostuvo.
Para graficar la situación, Vieytes brindó algunos ejemplos de esta situación que ocurre en la provincia pero le cambió los nombres a los delincuentes: “Juan Pérez, que es un término vulgar y cotidiano que utilizamos todos los ciudadanos, fue detenido el 12 de octubre de 2024 por robo en grado de tentativa. Se lo puso a disposición de la Fiscalía, que el mismo día ordenó el despacho y libertad. El 13 de octubre, cometió un robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Otra vez quedó a disposición de la Justicia, que dos días después resolvió dictar una preventiva por 20 días. El 7 de noviembre, cumplida la medida de coerción cometió un delito, no contra la propiedad, sino contra las personas, de lesiones y resistencia hacia la autoridad policial y la Justicia le dictó una prisión preventiva nuevamente por 30 días. Cumplido el plazo, el 10 de diciembre, cometió un robo en grado de tentativa, entonces la Justicia, el 13 de diciembre, tres días después, ordenó el despacho y libertad. El 15 de diciembre, Pérez cometió otro robo en grado de tentativa. Y el 16, la Justicia dictó el despacho y libertad. Y el 2 de febrero de este año cometió un hurto calificado en grado de tentativa y al otro día, se le dictó el acto de despacho y libertad”..
“La Policía cumple con su función. ¿Hay delitos? Sí, claro, porque la delincuencia cero no existe en ningún lugar del mundo. Luchamos todos los días para bajar los índices, para prevenir y para tratar de dar respuesta a la ciudadanía. ¿Qué explicación le puedo dar a un efectivo que recién egresa del instituto o de una etapa de formación en la cual soy docente hace 22 años, que fue alumno mío y que dictándole materias en la teoría le hago conocer que una persona que cometió un ilícito es detenida, puesta a disposición de la Justicia, que el fiscal puede solicitar 24 horas más para hacer la imputación de cargo y ponerlo a disposición de un juez de Garantía, pero que antes de que él termine el expediente ese sujeto está en libertad? Esto desmoraliza a la institución y no le estamos dando respuesta a la ciudadanía que reclama y sufre día a día”, comunicó.
Por su parte, Berruezo reconoció que el Poder Judicial “no está aplicando la Ley de Reiterancia que se incorporó el año pasado al Código de Procedimiento Penal y el motivo no lo sabemos, tal vez los fiscales no tengan la versión actualizada”, dijo con ironía.
Al ser consultado sobre sobre si el problema es el sistema garantista que a veces impera en la Justicia, aseguró que no es así: “Acá el problema es la ineficiencia del sistema directamente, ya que excede lo que puede decirse como garantismo. Y si vamos a hablar de (Raúl) Zaffaroni, era un juez abolicionista, no garantista, es decir que pregonaba la eliminación del derecho penal, la inexistencia de delitos”.
Asimismo, señaló que tampoco se debe a un déficit en las plazas carcelarias porque el Servicio Penitenciario estaría preparado para recibir a las 1169 personas.
“La Justicia no puede decir que dejan de aplicar medidas preventivas porque van a llenar la penitenciaría de presos. Debe cumplir su función. Después le tirás la pelota al Ejecutivo para que mejore, si es que hace falta”, expresó.
Berruezo afirmó que debe existir un trabajo en conjunto y coordinado entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, aclaró: “Si no vienen a preguntar cómo podemos solucionar esto, que es un problema de todos, que hagan una modificación en el Código, pero que vengan ellos. He sido víctima de robo en mi casa. Me he preguntado por qué si a veces están bien hechos los sumarios, el procedimiento y demás, ellos dicen que no, que por eso los dejan en libertad. Está claro que se podría iniciar algún tipo de juicio por incumplimiento, al menos en casos muy paradigmáticos como el que ocurrió hace poco, cuando se pidió el allanamiento para un geriátrico, y dijeron ‘vamos mañana’, porque eran las 20. Eso creo que habilitaría mínimamente a una investigación para un Jury de Enjuiciamiento”.
Respecto de las prisiones domiciliarias, otra de las medidas que está en polémica, el jefe de la Policía explicó que para la fuerza “significa desgaste, insumo de recursos mal utilizados que le tengo que restar a otras áreas, como por ejemplo acciones preventivas para la comunidad en general, y todo para brindarle garantía y seguridad a un sujeto en particular”.
Y agregó: “En números, para poner un simple ejemplo, una sola consigna, con un efectivo por turno, me significan cuatro efectivos policiales, porque no los puedo tener más de ocho horas. Necesitan ir al baño, saciar sus necesidades. No los puedo poner en un espacio físico de esos que nosotros policialmente llamamos zonas calientes”.
DESDE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD INSISTEN EN QUE LA JUSTICIA NO APLICA LA LEY DE REITERANCIA
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