SE ACUMULAN EN LA JUSTICIA LAS CAUSAS POR CORRUPCIÓN PARALIZADAS
Las demandas formalizadas 2024 contra el ex director de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, y el intendente comisionado de Saladillo, David Daniel Becerra siguen pisadas.
Dos expedientes por corrupción permanecen sin avances en la Unidad de Abordaje Fiscal (UAF) de la Justicia de San Luis, organismo que en los mismos tribunales se reconoce que “sirve para demorar causas”. En ambos casos no se designó todavía el fiscal.
Se tara de las denuncias, radicadas en 2024, contra el ex director de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, y contra el intendente comisionado de Saladillo, David Becerra, por hechos que involucran el desvío de millonarios montos de fondos públicos.
En ambos casos fueron denunciados por la Fiscalía de Estado y, según consta, desde julio de 2025 no se registran movimientos y se encuentran paralizadas.
Vialidad Provincial: gasto de combustible por $73 millones y múltiples irregularidades
El expediente PEX 392749/24, caratulado “Av. Peculado – Asociación Ilícita”, tiene como apuntado a Quiroga y surge a partir de auditorías internas realizadas por la nueva gestión en Vialidad Provincial.
De acuerdo con la denuncia, durante un relevamiento se detectaron anomalías en la compra de repuestos y transporte. Pero el punto central es el uso de combustible. Mediante el expediente 10031100/22 se tramitó el cupo para el año 2023, aprobado por Decreto 10964/22.
Sin embargo, tras analizar información proveniente del sistema AVL y otros registros, se determinó que al 9 de diciembre de 2023 el consumo excedido alcanzaba los 74.631,77 litros de gasoil.
Ex director de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga.
El valor económico de ese exceso fue estimado en $73.138.380 y, según la presentación, el desfasaje comenzó a evidenciarse en octubre de 2023, a dos meses del cambio de gestión de Gobierno.
La auditoría también detectó que más del 60% del parque automotor se encontraba fuera de servicio con vehículos destruidos, sin cambios de aceite ni filtros y con neumáticos en pésimas condiciones y, pese a ello, se habrían solicitado y aprobado cupos de combustible para esas unidades.
Entre los hallazgos figura además la localización de maquinaria de Vialidad en propiedades privadas sin justificación. Un rodillo marca OMAG/BW211D4, dominio BJC38, interno RCV B07, fue encontrado en Nueva Galia. Asimismo, el 8 de enero de 2024 se recuperaron dos máquinas abandonadas en un establecimiento rural denominado San Nicolás, cercano a La Vertiente, en el departamento San Martín.
La denuncia de cuenta además sobre la adquisición de repuestos que no fueron utilizados. Se detectó la compra de inyectores para un vehículo de dominio AE612LW, que continuaba fuera de servicio por la necesidad de cambiar esas piezas, aunque los repuestos nunca fueron colocados ni se pudo determinar su ubicación.
En la misma línea, se hallaron facturas por la compra de dos módems router 4G (rural y urbano) que no se encontraban en las instalaciones del organismo. Además, se consignaron presuntos direccionamientos hacia “empresas amigas” y la contratación de ómnibus, aspectos que forman parte de la investigación.
Pese a la cantidad de hechos detallados en la denuncia, en la UAF solo se realizaron algunas entrevistas iniciales y desde julio de 2025 no se habrían impulsado nuevas medidas de prueba.
Municipalidad de Saladillo: más de $16 millones sin rendición
La segunda causa, PEX 418814/24, está caratulada como “Av. Incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública” contra Becerra.
La denuncia se origina en la falta de rendición de cuentas de fondos públicos correspondientes a distintos períodos: primer, segundo y cuarto trimestre de 2020 y segundo trimestre de 2021.
El monto total observado asciende a $16.325.878,45.
Intendente comisionado de Saladillo, David Daniel Becerra.
Más allá de la presentación, se realizaron escasas medidas de prueba, en su mayoría impulsadas por los abogados representantes de la Fiscalía de Estado. Nuevamente, desde julio de 2025, el legajo no registra avances.
A la presentación de la demanda, la Fiscalía de Estado presentó cuatro acuerdos del Tribunal de Cuentas donde Becerra fue condenado al pago de esos montos:
| A través del acuerdo N° 70-TC-2024, condenó a Becerra al pago de $3.305.418,67 más los intereses que correspondan hasta el efectivo el desembolso por no haber presentado el balance del primer trimestre del 2020.
| A través del acuerdo N° 77-TC-2024 lo condenó al pago de $4.294.692,78 más intereses por la falta de presentación del balance correspondiente al cuarto trimestre del 2020.
| A través del acuerdo N° 960-TC-2023, lo condenó al pago de $3.069.390,91, más intereses, por la omisión de la rendición del balance del segundo trimestre del 2020.
| A través del acuerdo N° 140-TC-2024, lo condenó al pago de $5.656.376,09, más intereses, por no haber rendido el balance correspondiente al segundo trimestre
Desde la Fiscalía de Estado requirieron oficios, informes y otras diligencias para sostener el proceso penal que no avanza.
A más de un año de las denuncias y con montos millonarios bajo análisis, ambas investigaciones continúan sin definiciones ni impulso visible en sede fiscal.
SE ACUMULAN EN LA JUSTICIA LAS CAUSAS POR CORRUPCIÓN PARALIZADAS
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