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ASÍ DUERMEN EN LA JUSTICIA LAS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN CONTRA EX FUNCIONARIOS DE RODRÍGUEZ SAÁ

Hay más de 20 funcionarios denunciados. En ninguna causa aún hay un fallo judicial. El detalle de esos expedientes y los delitos por los que fueron denunciados.

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  Radio Rivadavia

La Justicia no quiere tratar las causas de corrupción en las que aparecen comprometidos ex funcionarios que formaron parte del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Y así se les garantiza impunidad.

A esa conclusión se arriba luego de revisar, minuciosamente, el grado de avance de esas 19 denuncias judiciales en la que hay 21 ex funcionarios denunciados por delitos que van desde negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales, violación a los deberes de funcionarios públicos, incumplimiento de orden judicial, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y peculado.

A un año de que comenzaran a multiplicarse esas denuncias todas parecen frenadas en los laberintos de la burocracia judicial.

La colonización que llevó adelante Rodríguez Saá en el Poder Judicial al nombrar en todos los estamentos judiciales a militantes y colaboradores, le permite ahora a esos ex funcionarios denunciados en causas de corrupción estirar esos procesos judiciales y gozar de impunidad.

Todo Un País revisó una por una esas denuncias y este es el cuadro de situación:

Denuncia 1. Expediente 384626/23

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciada: Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes. Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación de caudales y fraude en perjuicio de la administración pública.

Estado de la causa: Investigación Penal Preparatoria.

Ramírez debe firmar el libro de asistencia en la Justicia todos los meses y no puede salir de la provincia salvo excepcionalmente por motivos de salud o laborales previa justificación. También debió entregar su pasaporte.

La ex funcionaria que era secretaria de Deportes, presidenta del Ente de Deportes y presidenta de la Asociación San Luis Futbol Club compró con fondos públicos un colectivo por 290 millones de pesos. En la investigación quedó demostrado que se pagó un sobreprecio de $175.500.000 según consta de la tasación suscripta por la martillera publica Marina Rizzoto que es parte de la prueba del expediente .

También se acreditaron aproximadamente más de 300 transferencias, becas y regalías a favor de San Luis Club San Luis del cual Ramírez era Presidente y del que también formaban parte su pareja Agustín Alessio, jefe del programa de la Secretaría de Deportes y Javier Santagata quien era en ese entonces también director del Ente de Deporte.

Pese a que el colectivo es considerado prueba del delito, el juez de Garantía N°3, ordenó su entrega al San Luis Futbol Club.

El Ministerio Público Fiscal, que depende del procurador Luis Martínez, pidió prórroga y le fue concedida.

De las pruebas y evidencias incorporadas surge con probabilidad cierta las futuras imputaciones y restricciones a Ramírez.

Denuncia 2. Expediente 387024/24

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciados: Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes y Miguel Berardo, Secretario General de la Gobernación.

Delito denunciado: Violación de los deberes de funcionario público.

Estado de la causa: Investigación Penal Preparatoria. Se espera una acusación formal por parte del Fiscal y su respectiva elevación a juicio.

Ramírez debe firmar el libro judicial todos los meses y no puede salir de la provincia salvo excepcionalmente por motivos de salud o laborales previa justificación.

Les fueron embargados bienes por más de 87 millones de pesos -terrenos ubicados en barrio Villa Antonio de Juana Koslay y en Las Chacras de Juana Koslay.

Denuncia 3. Expediente 393548/24

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciada: Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes.

Delito denunciado: Incumplimiento a orden Judicial.

Ramírez incumplió una orden judicial del 29 de febrero que le impedía salir de la provincia salvo razones de salud. Viajó a Rosario a ver un show del grupo Don Osvaldo. Ella le mintió al juez al pedir permiso para viajar a una reunión con directivos de clubes que participan del Federal A de AFA. Autoridades de esas instituciones negaron ese encuentro y en cambio la propia Ramírez compartió imágenes en sus redes sociales mientras disfrutaba del show musical.

Estado de la causa: Fiscalía procedió a la ratificación de la denuncia con fecha 11 de abril. Se ofrecieron pruebas, hubo audiencias testimoniales que confirmaron la denuncia.

Denuncia 4. Expediente 84118/23

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciados: Marcelo Amitrano, ex ministro de Producción y Marcelo Balbo, ex oficial de Policía.

Delito denunciado: Fraude en perjuicio de la administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

Estado de la causa: se aguarda fecha de formulación de cargos, es decir indagatoria para los imputados.

La denuncia surge a partir de que se detecta la falta de vehículos que estaban bajo la órbita de ese ministerio y que hacían millonarias cargas de combustible. Se detectan que personas ajenas al Estado usaban las obleas y los vehículos para hacer cargas de combustible en forma ilimitada y luego compartir con otros vehículos que circulaban en el Pueblo Ranquel.

Si bien la denuncia se dirige en principio al ex ministro Amitrano, a raíz de las evidencias incorporadas surgen posibles responsabilidades de Sergio Freixes que se había hecho nombrar “lonko” de esa comunidad aborígen, el ex secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich y del ex subjefe de Policía, Marcelo Balbo.

Denuncia 5.  Expediente: 385224/23

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciado: Eloy Horcajo, ex ministro de Hacienda.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Más de 5 mil empleados contratados fueron pasados a la planta permanente del Estado a pocos días de las elecciones del año 2023 sabiendo Horcajo que no se contaba con el presupuesto para esa contratación imprudente e injustificada.

Estado de la causa: el 1° de febrero se ratificó la denuncia y se incorporaron las documentales mencionadas en la denuncia. Se aguarda fecha de formulación de cargo.

Denuncia 6.  Expediente: 363105/23

Denunciante: Alicia Toribio

Denunciado: Nicolás Anzulovich, ex ministro de Desarrollo Social.

Delito denunciado: Enriquecimiento ilícito.

Estado de la causa. Se encuentra en Fiscalía N° 2. Se han incorporado informes de oficios a bancos, Registro Automotor, de la Propiedad Inmueble y AFIP.

La señora Toribio denuncia a Anzulovich debido a la lujosa vida que ostenta, siendo su única fuente de ingreso el cargo de ministro. Tanto su nivel de vida y sobretodo la importante renovación de vehículos que ha realizado durante los últimos cinco años no se condice con los ingresos que pudiera tener aún como ministro. También un informe exhaustivo y detallado sobre las inconsistencias graves y visiblemente notorias sobre lo que percibía Anzulovich en carácter de remuneración, lo cual no guarda relación con los bienes registrables que incorporaba a su patrimonio. Se ha solicitado audiencia de formulación de cargos.

Denuncia 7.  Expediente 384641/23

Denunciante: Fiscalía de Estado

Denunciados: Luciano Anastasi, ex ministro de Seguridad, Juan Claudio Latini, ex Jefe de la Policía y luego ministro de Seguridad y Ernesto Nader Alí, entonces intendente de La Toma.

Delito denunciado: Fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.

Estado de la causa: etapa de investigación preliminar.

Según la denuncia hay una seguidilla de contratos firmados con la Municipalidad de la localidad de La Toma, apuntados a refaccionar y acondicionar el destacamento cuartel de bomberos, el sector criminalística, investigaciones y canes y la comisaría de la mujer y comedor general de la U.R.O.P VI ; pudiéndose advertir que, si bien los anticipos de estas obras fueron abonados de manera excesiva superando ampliamente lo establecido en dichos contrato (30%), la realidad demuestra que jamás se concretaron siquiera parcialmente, quedando en estado de absoluta decrepitud y abandono edilicio.

Se ha solicitado audiencia de formulación de cargo contra los denunciados.

Denuncia 8.  Expediente 384652/23

Denunciante: Fiscalía de Estado

Denunciados: Juan Claudio Latini, ex ministro de Seguridad; Mario Canali, ex intendente de Cortaderas.

Delito denunciado: Fraude en perjuicio de la administración pública.

Diez días antes de las elecciones de 2023 firman un contrato para la puesta en valor y jerarquización de la sub Comisaría N° 22 de Cortaderas obra que sería financiado con fondos rotatorios del ministerio de Seguridad sin regirse por lo que establece la ley de Obras Públicas VIII-0257-2004, sin exigirle al adjudicatario la constitución de una garantía equivalente al 5% del monto del contrato.

Se ha solicitado la audiencia de formulación de cargos contra los denunciados.

Denuncia 9.  Expediente 384664/23

Denunciante: Nancy Sosa.

Denunciados: Juan Claudio Latini, ex ministro de Seguridad, Jeremías Vivas, ex intendente de San Francisco; Esteban Ponce, arquitecto.

Delito denunciado: Fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Existen varios contratos firmados con la Municipalidad de la localidad de San Francisco del Monte de Oro para refaccionar y acondicionar los establecimientos policiales de la zona; pudiéndose advertir que, si bien los anticipos de estas obras fueron abonados, las obras jamás se concretaron siquiera parcialmente.

Se solicitó audiencia de formulación de cargo contra los denunciados.

Denuncia 10.  Expediente 385245/23

Denunciante: Federico Cacace

Denunciado: NN

Delito denunciado: Al tomar posesión del cargo los nuevos responsables de las cuatro plantas de tratamiento de residuos existentes en la Provincia se advierte el mal estado de las palas cargadoras y que el Ente se encontraba alquilando esta maquinaria (palas mecánicas) a terceros en la modalidad por hora y con chofer. Al analizar dichas contrataciones que se venían desarrollando en el transcurso del año en las plantas, se observan valores muy superiores a los de plaza.

El expediente ya se encuentra en condiciones de elevarse a fin de que se asigne un Fiscal.

Denuncia 11.  Expediente 387716/24

Denunciante: Fiscalía de Estado

Denunciado: Cristian Niño, ex ministro de Salud.

Delito denunciado: Violación de los deberes de funcionario público.

A principios del año 2023 Niño asumió el cargo de Ministro Secretario de Estado de Salud, liderando la cartera con un total presupuestado para 2023 de 4.909 agentes. Sin embargo, a lo largo de su gestión, -escasos diez meses y en el medio de un proceso electoral- el mencionado Ministro llevó a cabo la contratación indebida de más de 800 agentes adicionales, en una clara transgresión a las normas presupuestarias establecidas.

Estado de la causa: En fecha 11 de marzo se realiza acta de notificación personal a Niño.

Denuncia 12.  Expediente 386846/24

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciado: Luciano Anastasi, ex ministro de Seguridad.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con la función pública y Violación de los deberes de funcionario público.

Hay fuertes indicios de una relación sospechosa entre Luciano Anastasi en cumplimiento de sus funciones como Ministro de Seguridad y la entidad CAP Soluciones SAS.

En primer lugar, la cronología de los eventos revela que esta sociedad comercial fue constituida inmediatamente después de la asunción de Anastasi como Ministro de Seguridad en agosto de 2020.

Además, profundiza la sospecha, la estrecha relación de parentesco entre Carlos Alberto Puw Bianchi, socio único de la empresa CAP Soluciones SAS y el ex Ministro Anastasi.

Se ratificó denuncia el 7 de Marzo y se acompañó documentación a Fiscalia. Se aguarda por las primeras audiencias testimoniales. Se libró oficio al Registro Público de Comercio para que informe sobre SAS CAP SOLUCIONES y también se solicitó pericia contable.

Denuncia 13.  Expediente 388416/24

Denunciante: Luis Giraudo

Denunciados: Diego Loza, jefe del Centro de Actividades Hípicas Terrazas del Portezuelo; María Candelaria Molina, coordinadora de la Escuela Provincial de Equinoterapia, y esposa de Loza.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con la función pública.

Debido a un uso indebido del Centro de Equinoterapia, tanto Loza como su esposa Molina disponían de los recursos del Estado Provincial, infraestructura, alimento y asistencia sanitaria, para equinos del propio Estado Provincial, como así también para su propia tropilla y la de terceros, particulares que no tenían vinculación con el organismo.

Se aguarda que se fije audiencia de ratificación y llevar a cabo las primeras medidas previo a su elevación y trámite personalizado con asignación de una Fiscalía.

Denuncia 14.  Expediente 389186/24

Denunciante: Fiscalía de Estado.

Denunciado: Carolina Agüero García, ex secretaria de Comunicación.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con la función pública, Malversación de Caudales Públicos y Peculado.

Al ser designada Agüero Secretaria de Comunicación, la estructura a su cargo, el presupuesto asignado y las partidas reacondicionadas, facilitaron el acceso a los fondos públicos para favorecer emprendimientos cercanos, contrataciones por fuera del marco regulatorio aplicable

Denuncia 15.  Expediente 391118/24

Denunciante: Fiscalía de Estado

Denunciado: Juan Claudio Latini, ex Jefe de Policía y luego ministro de Seguridad; Mario Antonio López.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con la función pública.

En diciembre de 2022, Anastasi en su carácter de ministro de Seguridad presentó una solicitud de desembolso de mil quince millones para comprar 300 nodos de seguridad, destinados al ámbito de la seguridad pública, siendo la gestión de este proceso registrada bajo el expediente administrativo 12061182/23.

Ese expediente tuvo continuidad tras el relevo de Anastasi por Latini frente al Ministerio de Seguridad, y culminó adjudicándose a un sólo oferente por el monto de $1.221.999.900,00, representando un incremento del 20% respecto al presupuesto inicial. De los trescientos (300) nodos originalmente licitados, sólo (117) ciento diecisiete fueron instalados, según consta en el informe del encargado del programa de seguridad. La irregularidad alcanza su punto máximo al descubrir que 106 de los 225 nodos entregados por la empresa adjudicataria eran almacenados sin justificación en un galpón en violación a lo dispuesto en el art. 87 in fine de la ley de contabilidad de la provincia, y otro 75 seguían en poder de la empresa.

Con fecha 19 de abril se ratificó la denuncia.

Denuncia 16. Expediente 385010/23

Denunciante: Nancy Sosa

Denunciado: Juan Claudio Latini, ex ministro de Seguridad.

Delito denunciado: Peculado en concurso real con el delito de daño agravado.

El comisario General Latini está retirado acusado de haber robado y dañado bienes del Estado. Se dispuso un embargo por un millón trescientos sesenta mil doscientos setenta y siete pesos.

Mientras el Ministerio Público ha solicitado que se lo condene a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, la Justicia suspendió por cuarta vez una audiencia en su contra.

Denuncia 17. Expediente 388568/24

Denunciante: Diego Masci

Denunciado: Gloria Nélida Velazquez, agente estatal.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Gloria Velazquez es agente estatal desde mayo del 2003.

En 2019 comenzó a desempeñarse en la Jefatura de Gabinete de Ministros, declarando bajo juramento que no desempeñaba cargo remunerado alguno en la administración pública nacional, provincial o municipal. Ese contrato fue homologado en 2020.

En marzo de ese mismo año es nombrada directora de Radio Nacional San Luis, e incumpliendo deberes de funcionario público, comienza a percibir doble remuneración, tanto del Gobierno de la Provincia de San Luis como del Estado Nacional.

Así fue que por más de tres años, percibió una doble remuneración, doble cargo Nacional y Provincial totalmente incompatible. Pero además Velazquez le facturaba a San Luis Televisión.

Se solicitó audiencia de formulación de cargo sin novedades a la fecha

Denuncia 18. Expediente (Sin identificación)

Denunciante: José La Malfa

Denunciado: José García Quiroga, ex director de Vialidad Provincial.

Delito denunciado: Peculado.

Se denuncia la administración fraudulenta de combustible, vehículos fuera de servicio, compras de repuestos que no se utilizaban, direccionamiento a empresas amigas.

Con fecha 7 de agosto se realizó la ratificación de la denuncia y la incorporación de documental y testigos.

Denuncia 19. Expediente 393939/24

Denunciante: Pablo González

Denunciados: Joaquín Beltran, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres.

Delito denunciado: Negociaciones incompatibles con la función pública y Malversación de fondos.

Las irregularidades están fundamentadas con documentación fotográfica y el testimonio de los trabajadores, y apuntan al faltante de equipos y mobiliarios. La ex diputada y ex candidata a intendenta de Villa Mercedes, Anabela Lucero está mencionada en la denuncia porque a pesar de ser legisladora controlaba la gestión bajo la protección del ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá.

Joaquín Beltrán (actual diputado provincial); el hermano de la ex legisladora, Enzo Lucero (jefe de Eventos); Exequiel Alberto Scarel (coordinador de la Casa de la Música) y Diego Emanuel Torres (coordinador de Teatro) fueron denunciados por “violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado”.

En los hechos refieren lo que pasó el 8 y 9 de diciembre (dos días antes de que terminara la gestión Alberto Rodríguez Saá). Se desconectaron las cámaras de seguridad y una camioneta Toyota Hilux y un Citröen Berlingo “se cargaron innumerables equipos de la Casa de la Música”.

A esto se suma otra irregularidad: el 15 de junio tres días después de la derrota electoral del oficialismo Beltrán y Torres retiraron mesas, sillas y escritorios. Además se llevaron “la ropa de blanco” de todas las habitaciones. Consta en la denuncia que Beltrán encargó a una empleada hacer “una compra grande de sábanas” que serían para reponer, pero no tuvieron nunca como destino esas instalaciones. Inclusive están aportados a la denuncia los comprobantes de que Lucero usó los dineros de la Casa de la Música para financiar su campaña política cuando estuvo en la carrera por la intendencia.

En los últimos días se llevaron a cabo medidas cautelares como allanamientos en las viviendas de los imputados.

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