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CHARLY PEREIRA: “LA LEY DE LIBERACIÓN ANTICIPADA DE CONDENADOS FUE HECHA PARA SERGIO FREIXES”

El diputado provincial consideró que el objetivo del ex gobernador Rodríguez Saá al impulsar la norma fue beneficiar a su protegido funcionario condenado por la Justicia Federal por coacción agravada y amenazas en la causa por renuncias anticipadas a juec

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  Radio Rivadavia

La Cámara de Diputados le dio media sanción el último miércoles al proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi que propone la derogación a la Ley N° I-1044-2020 que permite a personas condenadas desarrollar proyectos productivos y/o económicos en parajes de la provincia.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, diputado provincial por Cambia San Luis Carlos “Charly” Pereira, dijo a El Chorrillero que la norma, impulsada por Alberto Rodríguez Saá y aprobada en noviembre de 2020, fue hecha a medida del dirigente ultraalbertista Sergio Freixes.

“El dictado se inscribe en un contexto en el cual el ex ministro y ex intendente del oficialismo fue condenado por coacción agravada y amenazas en 2018 por el Tribunal Oral de San Luis y luego la Cámara de Casación Penal, en instancia de apelación, en 2019 lo ratificó (esto en la causa por pedido de renuncias anticipadas a jueces en 2004). Por eso fue hecha a medida para que previendo el agotamiento de las instancias recursivas a las que podía acceder y la posibilidad de una efectivización de la prisión se habría buscado un presidio amigable a cielo abierto para él”, manifestó.

Y agregó: “No hay mayores argumentos legales o de ejecución de sentencia que justifiquen una norma como la que se dictó”.

Todo preso podía acceder al beneficio de la ley presentando un proyecto productivo para desarrollar en parajes de la provincia y que quedaba sujeto de evaluación de los ministerios de Producción y de Seguridad sumado al Servicio Penitenciario. Sólo se excluyó a los que cometieron algún delito grave como homicidio, tortura, secuestro o agresión sexual.

“Lo llamativo es que sí podían acogerse a los beneficios de la ley quienes cometieron los delitos de corrupción, contra la administración pública o coacción agravada por el cual fue condenado Freixes”, señaló.

El legislador aseguró que la norma colisiona con la Constitución Nacional, con lo que establece la Ley 24660 “Pena Privativa de la Libertad” y con el Código Penal Argentino.

“Es inconstitucional porque todo lo que tiene que ver con el régimen de ejecución de sentencias está regulado por el código y la Provincia no tiene facultades para legislar sobre eso. A eso se suma que en ningún momento se le da intervención al juez de Sentencia, es omitido y obviado. Esto nos hace presumir que era una ley que tenía nombre y apellido y un destinatario muy específico”, opinó.

Pereira afirmó que una persona está adherida actualmente al régimen, pero no cumple con el proyecto productivo y tampoco cuenta con custodia ni algún dispositivo de geolocalización.

“Desde la aprobación, el Ejecutivo nunca se interesó en darle una instrumentación con lo cual fue dictada previendo como hipótesis la condena efectiva de prisión Freixes. Nunca se cumplió con esta posibilidad de presentar los proyectos, de que haya un registro de pobladores rurales dispuestos a acoger en sus ámbitos a los presidiarios”, planteó.

El diputado consideró que la ley también “viola” el derecho de las víctimas: “Tiene muchas inconsistencias jurídicas e institucionales”.

“Con esta ley se transmitían buenas intenciones como la inserción en la sociedad del condenado, pero al fin y al cabo era un régimen de impunidad con un esquema muy laxo de cumplimiento de pena y una forma de violar la condena en definitiva para que el destinatario o beneficiario transcurra su pena de una forma bastante amigable y en un ámbito de libertad. Con lo cual no se cumplió con la sanción que es la reclusión, no para castigo sino para protección de las víctimas, comunidad y reeducación del reo”, sostuvo

 

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