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CORRUPCIÓN: PIDIERON QUE LA EX SECRETARIA DE DEPORTES, CINTIA RAMIREZ SEA CONDENADA A 5 AÑOS DE CÁRCEL E INHABILITADA DE POR VIDA PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS

Está acusada de varios delitos por el manejo de fondos que hizo durante el Gobierno anterior y la compra de un colectivo para San Luis Fútbol Club con un sobreprecio estimado en $175 millones.

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  Radio Rivadavia

El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, pidió cinco años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, en el marco de una investigación por corrupción durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Ramírez ejerció tres roles en simultáneo: secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte San Luis y a su vez presidenta de un San Luis Fútbol Club. Se le adjudica que desde estas posiciones hizo un manejo irregular de dinero del Estado y compró un colectivo con sobreprecio.

Es por esto, que Assat Alí la acusó de varios delitos: negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública. Todo en concurso real y en calidad de autora.

De ese modo el representante del ministerio Público hizo lugar a las denuncias que promovió hace 13 meses en representación del actual Gobierno, el fiscal de Estado, Víctor Endeiza.

La funcionaria asumió el 16 de marzo de 2022 y a las pocas semanas impulsó la creación del Ente del cual fue designada presidente con facultades para autorizar, operaciones de compra venta, crédito transferencia, concesión locación y/o contratación de toda clase de bienes y servicios. El 21 de abril el Ejecutivo autorizó un aporte no reintegrable de $280 millones.

El 6 de octubre del mismo año creó la asociación civil San Luis Futbol Club asumiendo la presidencia, mientras que su pareja y también funcionario de la secretaría de Deportes, Agustín Alessio fue designado vicepresidente y como socio fundador fue nombrado Javier Santagata, quien se desempeñaba director del Ente.

Según sostuvo el fiscal a partir de ese momento se sucedieron actos que se consideran delitos.

“En el periodo comprendido entre los años 2022 y 2023 se materializaron 188 transferencias/pagos por la suma de 166.612.164 de pesos destinadas a su propio club que se ejecutaban desde el ente y tenían como fin cubrir una amplia gama de gastos de la reciente creada institución, como ser: transporte, viandas, vestimenta, seguro, termotanques lavarropas, heladeras, televisores, regalos empresariales salarios etc”, expuso el fiscal de Instrucción al describir los hechos en la formulación de cargos.

Y agregó: “En definitiva, cualquier gasto que tuviese el club era cubierto por fondos públicos gestionados por la secretaría y canalizado por el ente presidido también por ella Estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo una ardid destinada a privilegiar intereses particulares”.

Ramirez siendo la titular de la secretaria de Deportes y presidente del Ente Deporte San Luis creado a pedido de ella, autorizó pagos a su recientemente creado club por innumerables ítems en el periodo ya nombrado comprendido entre 2022 y 2023, señaló Assat Alí.

A continuación puntualizó que el 27 de noviembre de 2023, Ramírez solicitó a Rodríguez Saá la compra de un colectivo marca Volvo del 2018 destinado a la institución deportiva con 60 asientos. El pedido se hizo mediante una nota firmada por la imputada y las propias jugadoras junto con una factura proforma emitida la empresa Sematur SRL, con fecha de seis días atrás, por $290 millones.

“Dicha cuantiosa erogación se materializó en el expediente administrativo 12010986/23 iniciado el 1/12/2023 (nueve días antes de dejar el cargo). Siguiendo la cronología no podemos soslayar que seis de diciembre la imputada presentó una nota de excusación en el expediente de pago donde planteó la imposibilidad de que la secretaría de Deportes actuara como unidad ejecutora, dado que su participación en la negociación resultaría incompatible, sin embargo, el 8 de ese mes se ejecutó igualmente desde secretaria de Gobierno”, dijo Assat Alí.

De esta transacción, el fiscal entendió que hubo una “extrema rapidez” con la que se autorizó la erogación: “El expediente administrativo desde su creación y hasta el decreto N° 11596-SGG-2023 fue tramitado en un solo día”.

De la investigación también se desprende que la empresa de la cual se compró el colectivo no corresponde a una que se dedique a la venta de unidades sino más bien es una empresa de turismo.

Además, el fiscal entendió que la factura proforma presentada y la nota de solicitud por parte de las jugadoras y la imputada tienen fecha del 27 de noviembre “lo cual me permite inferir de que la negociación ya estaba pactada con anterioridad a la solicitud de subsidio”.

Assat Alí incorporó en la causa una tasación que hizo la martillera pública Marina Rissotto de la cual surgió que el vehículo en su estado actual está valuado en $114.783.500, lo que da un sobreprecio de $175.216.500 por el cual se pagó.

Los delitos que se le imputan:

Negociaciones incompatibles con la función: “… la conducta realizada por la imputada encuadra en este articulo dado que la misma como dijimos, siendo una funcionaria a cargo de secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deportes y asimismo presidenta del San Luis FC, autorizó transacciones a favor de este último notándose claramente el desdoblamiento en la personalidad del funcionario que justamente castiga este tipo”.

| Malversación de caudales públicos: “…lamentablemente la gran mayoría de los fondos fueron direccionados por la imputada hacia su club San Luis FC con el fin de sufragar todos sus gastos en detrimento de los demás clubes puntanos”.

| Defraudación a la administración pública: “…la conducta de la imputada Ramírez de presentar una solicitud de subsidio requiriendo fondos públicos para la adquisición de un bus marca volvo b450 del 2018 por el monto de 290.000.000 encuadra en este delito dado que de la tasación aportada surge un sobreprecio de 175.216.500. Ardid o engaño, error, desplazamiento patrimonial, perjuicio”.

| Incumplimiento de los deberes de funcionario público: “…la conducta de la imputada encuadra por antonomasia en esta figura, residual, dado que dicto órdenes contrarias a las leyes que rigen al funcionario público en materia de incompatibilidades”.

Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramirez y Miguel "Micky" Berardo.

Por todo esto, el fiscal pidió que se fije la fecha para la audiencia de control de acusación y que oportunamente se proceda la elevación de la causa a juicio.

Recientemente Rodríguez Saá defendió públicamente a la funcionaria por las acusaciones de actos de corrupción. “Yo doné un colectivo de la provincia, ¿qué tiene de malo? Cintia Ramírez no firmó nada, ni pidió nada y se apartó, por lo cual no tienen ninguna forma de hacerle una imputación penal por esto. A ver si alguien cree que eso es un delito y si es un delito que me miren a mí, porque yo fui el que les donó”.

La requisitoria de la fiscalía de Instrucción

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