EL GERIÁTRICO DEL HORROR NO VOLVIÓ A ABRIR SUS PUERTAS, PERO TAMPOCO NADIE HIZO JUSTICIA POR LOS ABUELOS
Allanaron las instalaciones en enero y retiraron de allí ocho ancianos. Los encontraron desnutridos, enfermos y hasta con pruebas de que fueron atados a sus camas con trapos. Dos tuvieron que ser internados de inmediato. A las pocas semanas, tres de esos
Por Marina Rubio
Todo. A finales de enero cuando un grupo de policías, seguido por un par de médicos irrumpieron en “Hogar luz de vida”, el único geriátrico de Justo Daract, por orden del fiscal instructor 3 de Villa Mercedes, José Olguín parecía que todo el peso de la Ley recaería sobre la dueña del asilo y su hija. No le alcanzaban las palabras al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) para enumerar la cantidad de delitos del Código Penal que estaba casi seguro se habían cometido dentro de las cuatro paredes de esa residencia contra los indefensos ancianos. Pero a más de siete meses de ese circo judicial que movilizó por una semana a la comunidad daractense, lo cierto es que en el expediente de la causa no se mueve un documento. Hasta ahora, justicia para esos jubilados no hay.
Desde la tarde del 24 de enero cuando los últimos policías y asistentes del fiscal instructor se retiraron de “Hogar luz de vida”, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 839, entre San Martín y Rivadavia, sus puertas no volvieron a abrir. Le colocaron en el ingreso principal una faja que indicaba que estaba clausurado. Con el tiempo, dicen los vecinos, unos chicos arrancaron esa cinta. Hasta hace un par de meses el foco que iluminaba la entrada estaba encendido, pero ya no más. “Les cortaron la luz”, le comentó una mujer a El Chorrillero.
En el interior del asilo quedó todo como aquella tarde de viernes. Las prendas y otras pertenencias de los ocho ancianos que ahí estaban, nadie las reclamó. La hija de una de las residentes hasta había llevado una cama ortopédica que nadie le devolvió.
El geriátrico del horror.
Si en Justo Daract preguntan, la mayoría cree que la propietaria del asilo, Marta Pérez y su hija, Melanie Biscaldi de 25 años (Las encargadas de manejar ese lugar) se esfumaron de la localidad.
La casa de la mujer se encuentra en total abandono, dijo una hija de una de las abuelas. Sin embargo, todos afirman que la dueña de la residencia se instaló en Villa Mercedes. La han visto en un sanatorio privado y hasta timbeando en el casino más grande que tiene la ciudad. La hija de otro de los exresidentes sostiene que cada tanto la ven por Justo Daract, que no tiene problema en pasearse por las calles como si nada hubiera pasado.
Tras el allanamiento y clausura, dos jubilados tuvieron que ser internados de inmediato. Uno era Mauro, mejor conocido como “Pepe”. Tenía unos 80 años y estaba postrado en una silla de ruedas. Murió cinco días después.
A las pocas semanas, falleció la otra persona que debieron internar de urgencia, una mujer. Desde entonces y hasta la fecha, un tercer exresidente del asilo del horror también murió.
El fiscal José Olguín durante el procedimiento.
Cuando el fiscal Olguín salió del geriátrico, horrorizado por lo que había visto, no tardó en contar ante el micrófono del único medio de comunicación con el que habla todo lo que vio. “Hallamos una cama en la que todavía estaban los trapos que usaban como cuerda para atar a un hombre, y después encontramos otra cama con otros trapos así”, señaló. Dijo que los adultos mayores temían hablar porque las encargadas los habían amenazado con pegarles y hasta con hacerlos meter presos.
“Agua y pan”, aseguró que le exclamó uno de los jubilados apenas vio entrar a un par de policías a su habitación. Estaban desnudos, según Olguín. Hacía mucho calor y no tenían ventilación en los dormitorios, más que un aparato de aire acondicionado que no sabían si funcionaba, indicó.
“Soy libre”, manifestó con desahogo otro anciano cuando los efectivos le abrieron la puerta que da a la avenida y le dijo que podía irse. “Los tenían prácticamente muertos de hambre. Por ejemplo, para hoy, tenían planeado alimentar a ocho personas con tres milanesas”, comentó el fiscal, quien hasta puso en duda que los residentes recibieron sus medicamentos.
La encargada del geriátrico fue trasladada por la Policía. Pero nunca estuvo detenida.
Según describió, los ocho estaban encerrados en un espacio de unos 50 o 60 metros cuadrados. “Los tenían muertos de hambre. En todo lugar no encontramos comida, ni para hacer un té. Algunos no se podían ni mover porque tenían los cuerpos entumecidos, con contracturas, de tanto estar sentados”, afirmó.
“Rehenes”
El procedimiento terminó con la salida de la dueña del asilo y su hija, esposadas y escoltadas por la Policía. En aquel momento, Olguín aclaró que, pese a todo lo que habían descubierto ese día, restaba mucho que averiguar. Dijo que tenían que hablar con las víctimas y, por supuesto, con sus hijos o las personas que los habían internado allí, dado que a algunos “nadie iba a buscarlos y podría haberles pasado cualquier cosa”, sin que nadie lo supiera siquiera.
Aun así, el letrado se aventuró a decir que a las regentes de “Hogar luz de vida” podría caberles todo un abanico de delitos. Si hallaba pruebas suficientes podría imputarlas por amenazas, estafa, abandono de persona, coacción, reducción a la servidumbre, porque las víctimas eran “rehenes”, entre otros delitos.
Cuando el pueblo se manifestó en la casa de la dueña del geriátrico.
Al día siguiente, las propietarias de la residencia fueron liberadas. De hecho, en la formalidad, nunca estuvieron detenidas, sino “demoradas”. Es decir estuvieron 24 horas en una comisaría, a la espera de que el personal policial revisara si tenían antecedentes, de qué vivían y, a la espera, de lo que decidieran desde la Fiscalía. El fiscal no dispuso sus arrestos, entonces cumplidas las horas del protocolo policial, pudieron irse de la seccional.
Esa semana hubo una marcha en la avenida más céntrica de Justo Daract, justamente donde funcionaba la residencia. Sheila, la última empleada que trabajó en el lugar y una de las dos personas que denunció los maltratos, pedía justicia por los abuelos con los que llegó a convivir casi un mes. Ella les facilitó a los medios periodísticos las fotografías de las víctimas amarradas a las camas y los audios de WhatsApp, en los que sus patronas le ordenaban que golpeara a los ancianos porque se habían orinado encima. La repercusión de la noticia fue nacional.
Los vecinos de la localidad reclamaron justicia en las calles esa vez, pero con el tiempo ya nadie volvió a preguntar por el geriátrico del horror. El resto de los residentes fueron ubicados en asilos de Villa Mercedes, pues en Justo Daract solo existía ese.
El Chorrillero le consultó a varios hijos de los damnificados si, desde la Justicia, habían tenido alguna novedad sobre el avance de la causa. Respondieron que no. Reconocieron, también, que ninguno había nombrado un abogado, ni se había acercado a los Tribunales de Villa Mercedes para preguntar cómo marchaban las averiguaciones.
“Sé que después murieron dos señores y una señora, que la chica que denunció se fue a vivir al sur o no sé dónde. Acá hasta se habla de que le pagaron para que se fuera”, comentó la hija de uno de los residentes rescatados. Dijo que su padre de 88 años está en una residencia de Villa Mercedes y está muy bien. Ella no puede cuidarlo porque tiene problemas de salud y su hermana no quiere hacerse cargo.
En otro asilo está otra anciana, madre de una conocida comerciante de Justo Daract. La hija aún no puede creer lo que vivían puertas adentro los residentes de “Hogar luz de vida”. Fue como un balde de agua fría para ella cuando se enteró. “Si no hubiese escuchado los audios con la voz de M. (la dueña del geriátrico) y visto las fotos nunca lo hubiera creído”, expresó todavía sorprendida.
La mujer relató que su madre estuvo allí unos cinco años. “Mi mamá estaba muy mal. No quería comer. Estaba muy rebelde”, precisó. Recordó que habló con la propietaria del asilo y que, primero, le recomendó que la internara en un hospital, pero después le dijo “llévamela” al geriátrico. “No sé cómo hizo, pero me la sacó adelante a mi mamá. Se encargó”, manifestó sobre la propietaria del hogar del horror.
A diferencia de otros familiares que aseguraron que prácticamente tenían que pedir permiso para ver a los residentes, esa vecina afirmó que ella iba todos los días, a cualquier hora, a ver a su madre y jamás tuvo inconveniente. Dijo que una vez fue a las tres de la madrugada, luego de una fiesta, a visitar a su mamá y pudo verla. La señora dormía.
“Nunca sentí adentro olor a pis. Mi mamá estaba bien, iba a la peluquería. Yo no la deposité. Si le hubieran hecho o gritado algo, ella me lo hubiera dicho”, narró. Recordó que la única queja que tenía hacia la dueña del lugar es que hablaba con voz alta. “Ay, esta mujer, qué fuerte que habla. Me tiene cansada”, solía decir la jubilada.
Contó que todas las semanas le regalaba dos o tres kilos de milanesas o facturas para que tuvieran en el geriátrico. Sin embargo, aclaró que su madre no estaba con el resto de los residentes, sino en la parte delantera del lugar, en la cocina, con la dueña. “Las piezas tenían ventilación, había aire acondicionado o se abría la puerta y entraba el aire”, afirmó la comerciante, que hasta aseveró que festejaban los cumpleaños y “eran hermosos”.
Esa mujer aclaró que no tenía nada que decir sobre la propietaria de “Hogar luz de vida”. No habla ni bien, ni mal de ella, pero tampoco quiere tener contacto con ella, luego de la salida a la luz de los audios y las fotos del “geriátrico del horror”. Reveló que unos meses más tarde la dueña del asilo le escribió desde un teléfono desconocido. Quería hablar con ella.
Una de las evidencias que encontró el fiscal, Los trapos con los que eran atadas las personas a las camas.
–No tenés nada que hablar conmigo. Sé reconocer lo que hiciste por mi mamá, pero sé lo que hiciste por los audios– le contestó la comerciante.
–Con el tiempo se va a saber la verdad– le aseguró Marta.
Nadie busca la verdad
Una de las primeras diligencias que el fiscal Olguín dijo que harían era hablar con familiares y hacer revisar con médicos a las víctimas, para tener un diagnóstico de sus estados de salud. Pero, lo cierto es que, a fines de marzo y principios de abril, el expediente del caso fue remitido a la flamante Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores. Entonces, la investigación del llamado “geriátrico del horror” la continuaría la fiscal Nayla Cabrera Muñoz y su equipo.
El 8 de mayo este medio se comunicó con dicha representante del Ministerio Público Fiscal para consultarle cómo progresaban las averiguaciones y si había elementos para formular imputaciones. En ese momento, a través de los voceros de prensa, Cabrera Muñoz informó que desde la Fiscalía habían solicitado informes médicos y estaban a su espera. “A partir de lo que arrojen esos informes se podrá conocer si se configura un hecho ilícito para pedir una audiencia de formulación de cargos, pero mientras no se tenga esa información no se puede hacer, no se puede decir si existió un delito”, comunicaron.
La semana pasada El Chorrillero visitó a la fiscal instructora en su despacho, para preguntarle nuevamente por el curso de la investigación. La letrada le pidió tiempo a la periodista para interiorizarse sobre la causa, además de solicitarle que la próxima vez la contactara vía mensaje telefónico. La cronista le envió algunos mensajes, que no tuvieron respuesta y también la llamó, pero tampoco atendió. A través del área de prensa judicial, Cabrera Muñoz prometió luego que, en breve, responderá. Eso, hasta hoy, no ha sucedido.
EL GERIÁTRICO DEL HORROR NO VOLVIÓ A ABRIR SUS PUERTAS, PERO TAMPOCO NADIE HIZO JUSTICIA POR LOS ABU
