Radio Rivadavia

Este miércoles se realizó la audiencia de control de acusación en la causa que investiga la comercialización de certificados médicos truchos a empleados públicos y privados. El fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche y su par adjunta, Alejandra Quiroga Nassivera solicitaron la elevación a juicio y pidieron cinco años de cárcel para los tres implicados: Paola Valeria Tonelli, José Augusto Toledo (agente estatal) y Graciela Apaza Señani.

La investigación por la maniobra ilegal, había iniciado en marzo de 2024 a raíz de la denuncia de un médico donde expuso que estaban emitiendo certificados falsos que llevaban su firma y que eran ofrecidos a través de las redes sociales. En septiembre, Toledo (que era empleado público) y Tonelli quedaron imputados por falsificación de documentos.

Dos meses más tarde, el Gobierno detectó que más de 90 trabajadores estatales habían presentado esos certificados para ausentarse del trabajo. Casi en simultáneo, la Justicia determinó que la pareja continuaba con el ardid y por eso fueron enviados al Servicio Penitenciario con prisión preventiva. Se sumó la imputación a Apaza Señani y apareció la figura de una asociación ilícita.

En la audiencia de hoy, que se extendió por casi dos horas, declaró Apaza Señani, que es defendida por Héctor Zavala Agüero. La mujer negó integrar la asociación ilícita, pero sí reconoció que conocía a la pareja implicada porque solían sacar fotocopias en su negocio.

Ante la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper, los representantes del ministerio Público Fiscal detallaron la maniobra que llevaron adelante los tres implicados y aseguraron que “existió un plan común con una clara división de las tareas para falsificar y comercializar documentos públicos y privados”.

Según la teoría de la Fiscalía, Tonelli y Toledo mediante publicaciones en sus estados de WhatsApp y en Facebook ofrecían el servicio de “certificados, justificación laboral, anses, apto físico, justificación escolar, colonia de vacaciones, libreta sanitaria, carnet de conducir”.

Una vez que los particulares establecían contacto y acordaban qué tipo de documento necesitaban y el precio, este último era abonado mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Augusto Toledo.

Luego, comenzaba la función de Apaza Señani: “También era contactada mediante mensajería WhatsApp por Valeria, quien le indicaba qué tipo de documentos debía imprimir. Para esto en algunas ocasiones le enviaba los archivos por WhatsApp y otros ya se encontraban alojados en la memoria de su computadora listos para editar”.

Los fiscales también tuvieron en cuenta que tras la primera indagatoria, la pareja siguió “cometiendo actos ilícitos de igual tenor a los ya atribuidos” y mencionaron certificados apócrifos con fecha posterior al 25 de septiembre.

Roche encuadró el accionar de Tonelli y Apaza Señani en los delitos de asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados. En el caso de Toledo, lo acusó de defraudación a la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita. Para los tres solicitó la pena provisoria de cinco años de cárcel.

En representación del Estado, intervino el jefe de la Sala Penal de fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, quien adhirió a los planteos de Roche.

“Esto perjudicó mucho, particularmente el Estado provincial, porque hubo mucha gente que trabajaba en la administración y que utilizó el certificado para justificar su ausentismo que no eran tales. No estaban enfermos, utilizaban certificados truchos”, sostuvo el letrado.

La pareja implicada, estuvo representada por el abogado Federico Farías.

Las partes hicieron el ofrecimiento de pruebas y testigos para el debate oral y la defensa planteó impugnaciones. Por eso, se dispuso un cuarto intermedio y en 48 horas, la jueza determinará qué evidencias son elevadas a juicio.