TODOS CONTRA TODOS
Una decena de hechos públicos atestiguan la crisis que vive el Poder Judicial de la provincia y revelan cómo la falta de conducción profundiza ese trance.
Los cruces, acusaciones, denuncias y elocuentes silencios entre los propios actores de la gran familia judicial confirman esa primera idea y alimentan el descrédito que pesa sobre ese poder en la consideración social. Es cierto que ese no es un fenómeno exclusivamente local como lo revela el Ïndice de Confianza en la Justicia que elaboran semestralmente el Foro de Estudios sobre la administración de Justicia (FORES) y la Universidad Torcuato Di Tella, que mide la confianza ciudadana sobre ese Poder y que está abierto al público en la web.
Ese índice se compone partir de dos subíndices: el conductual y el perceptual. El primero permite conocer el comportamiento que los encuestados tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral.
El segundo, refleja la opinión de los ciudadanos con relación a Justicia en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad. Si bien el 72% (índice conductual) está de acuerdo en ir a la Justicia a resolver sus pleitos, sólo el 27,9% (índice perceptual) asocia a la Justicia con la idea de imparcialidad, eficiencia y honestidad.
El desagregado de respuestas en el análisis del índice perceptual señala que:
º En cuanto a tratar a todos por igual, solo el 12% de los encuestados cree que la justicia es confiable.
º Con relación a su capacidad y eficiencia sólo el 14% tiene una opinión positiva de la Justicia.
ºMirando la honestidad y la honradez, solo el 13% piensa que puede confiar en la justicia.
º Pese a que la diferencia es pequeña, las mujeres suelen tener mayor confianza perceptual en la justicia que los varones.
Sirve este estudio para fundamentar esa idea sobre el descrédito social en los valores que deben sostener la arquitectura judicial: imparcialidad, eficiencia y honestidad.
Más ahora veamos los hechos que agravan el cuadro judicial de San Luis, con pinceladas de todo trazo y color.
1. El ex apoderado del Partido Justicialista y presidente del bloque de diputados de ese espacio, Luis Martínez renunció a su cargo como Procurador General, tras la multiplicación de denuncias públicas que cuestionaron su rol como jefe de los fiscales, y luego de dos pedidos de apertura de juicio político en su contra.
Los “Viernes de fiesta en la Unidad de Abordaje Fiscal” y el caso del fiscal denunciado por violencia de género que atendía en una oficina que recepciona ese tipo de denuncias fueron algunos de las situaciones que tuvieron fuerte impacto en la sociedad.
El propio Juez del Superior Tribunal, Guillermo L´Huillier reclamó entonces que Martínez se hiciera cargo.
“Corresponde a la procuración tomar las medidas pertinentes” dijo cuando se hicieron virales esas publicaciones en redes sociales. Esas fiestas a las que Martínez justificó como una suerte de “rito sanador” fueron para el presidente del Colegio de Abogados, Gabriel Alessadro algo bochornoso. “Afectan a la institucionalidad e indignan a la sociedad” dijo entonces.
2. El Colegio Forense, compuesto por los tres colegios de abogados de la provincia, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Superior Tribunal a partir de su decisión de cambiar el sistema de notificaciones electrónicas judiciales.
El Colegio de Abogados de San Luis oportunamente había reclamado participar en la discusión de esa instrumentación que dispuso el máximo órgano judicial para buscar soluciones a través del diálogo y no por la vía judicial.
3. La jueza María Eugenia Bona declaró inconstitucional dos acuerdos del Superior Tribunal, ante una acción de amparo de los jueces civiles de San Luis por la implementación de la oficina de gestión judicial.
Aparte de esas otras dos acordadas cuestionadas, también la jueza Bona hizo lugar a una medida cautelar por la mora judicial reclamando medidas al superior tribunal por un amparo del Colegio de Villa Mercedes.
4. La presidenta del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, Mariela Blengino había hecho pública a través de las redes sociales una denuncia en la que responsabilizaba al Superior Tribunal de Justicia por la falta de respuestas a los reclamos formulados por ese colegio profesional.
5. La decisión del juez José Luis Flores de ser el primero en someterse a los exámenes toxicológicos a los que ahora por ley están obligados los funcionarios de los tres poderes agitó la marea en los Tribunales. Ese pedido tuvo una picante respuesta del entonces presidente del Superior Tribunal, Eduardo Allende, y un nuevo mensaje de Flores que lamentó que se haya malinterpretado su decisión. Un grupo de abogados salió a bancar al juez Flores y destacaron su integridad profesional y personal.
El silencio que hubo alrededor del Poder Judicial mientras se debatía públicamente la posibilidad de que todos los jueces debieran hacerse los exámenes pareció revelar cierta incomodidad en algunas oficinas.
Fue el secretario gremial, Luciano Cardarelli quien se expresó en nombre de la familia judicial asegurando que los jueces debían ser juzgados por su labor y no por cuestiones de índole privada.
Dicho eso en pleno debate público, no había manera de leer esa expresión como no sea un rechazo a que los jueces también se tengan que someter a un examen toxicológico.
Lo paradójico entre líneas de lo que dijo Cardarelli es la posibilidad abierta de que un juez que compre drogas ilegales para su consumo luego juzgue la conducta de un narcotraficante.
6. No se conoció una sola medida del Superior Tribunal de Justicia para garantizar el funcionamiento de Tribunales pese a las medidas de fuerza que llevó adelante parte del personal en los últimos meses.
7. El juez Matías Farinazo Tempestini denunció ante el jury a la Fiscal Daniela Torres por robarse los elementos secuestrados de una causa, y por mentir en una audiencia para obtener una resolución judicial a su favor.
8. Esta semana el fiscal de instrucción de Villa Mercedes, José Olguín fue denunciado ante el área de Sumarios Administrativos por la defensora oficial Cecilia Mithiaux. Lo acusa de «Falsedad ideológica», «Incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «Encubrimiento agravado».
Este sobrevuelo sobre el Poder Judicial ya es lo suficientemente elocuente: exhibe renuncias, planteos judiciales de colegios profesionales sobre el Superior Tribunal, fallos de jueces contra acordadas del máximo órgano judicial, reclamos de colegios profesionales, jueces que denuncian a fiscales, abogados que denuncian a fiscales, silencios incómodos, jueces que le demandan ejemplaridad al Superior Tribunal, y la sociedad como espectadora y demandando respuestas.
Por Daniel Poder
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