UNA DENUNCIA POR UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ADUEÑARSE DE PROPIEDADES SALPICA AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone expusieron una maniobra ilegal que involucra a múltiples actores y que “atraviesa al Poder Judicial por completo”. Advierten que la denuncia tiene dos años, pero no avanza debido a “vínculos” con la Corte prov
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Dos años pasaron desde que los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone presentaron una denuncia por una presunta asociación ilícita que se dedica a apropiarse con maniobras ilegales de terrenos e inmuebles, utilizando a la Justicia, para obtener la escritura como si esa propiedad les perteneciera. Luego, lo utilizan para distintos fines, como la venta.
Los letrados realizaron una investigación donde pudieron dar con al menos 25 casos, pero estiman que pueden superar la barrera de los mil. Todo inició cuando intentaron desplegar el ardid en una propiedad familiar.
La asociación tiene múltiples actores, que cuentan con información de diversos organismos provinciales, pero además tiene un punto central en la Justicia porque salpica a la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada y la presidenta de la Cámara Civil de Villa Mercedes, Nazarena Chada. Todas las apropiaciones surgieron de demandas impulsadas por el abogado Juan Cruz Domínguez, cuñado de la primera y marido de la segunda.
“Vemos que hay cierta impunidad con este grupo de personas garantizada por los contactos y los vínculos estrechos que tienen con miembros del Poder Judicial”, afirmó Maximiliano en declaraciones a El Chorrillero.
Graficó en hechos puntuales, donde este grupo utilizó un domicilio inexistente que la geolocalización física ubica en “la parte trasera de un inmueble cuya titular es miembro del Superior Tribunal”. Este punto, fue presentado en una de las demandas como el sitio donde debía la contraparte debía responder. “Si yo te lo mando a un domicilio, que sé que no hay nadie porque es de mi esfera íntima de allegados, me aseguro que esa persona demandada no conteste”, explicó.
La maniobra y el común denominador
“Lo que nosotros detectamos fue una maniobra de un grupo de personas, por eso hablamos de una asociación, que tiene por objetivo apropiarse de manera ‘legal’ de los inmuebles o sacarle papeles o lavar la escritura, utilizando el servicio de Justicia para sacar una escritura como que el dominio es perfecto de ese inmueble y después venderlo, utilizarlo en distintos fines”, detalló Maximiliano.
Sebastián expuso que las acciones involucran situaciones de “usurpación de inmuebles y dentro de cada proceso un montón de hechos que si bien tienden a la apropiación” implican también “falsificación de documentos, declaración testimonial falsa, falsificación de firmas de escribano, de timbrados sellados de renta, de tickets del Banco Supervielle”.
“Afectados acá tenemos un montón. Desde la Policía de la Provincia que se presentan denuncias que son falsas, que no están en los registros, hasta escrituras públicas que están falsificadas, certificaciones de firma a cantidades”, precisó.
Los letrados advirtieron tres puntos comunes entre los inmuebles de los que buscan apropiarse: que haya fallecido el titular, que la empresa esté quebrada o que el dueño viva en otra provincia.
“Muchos de ellos son personas que han fallecido. Entonces es más fácil que el juicio camine, o que se defienda menos un heredero que no sabe si el padre firmó o no para que otra persona le esté ocupando la casa”, planteó.
Maximiliano también expuso que los integrantes de la asociación tienen “información privilegiada”: “Han trabajado en la Municipalidad, en Fiscalía de Estado, en el Poder Judicial y con esos datos eligen selectivamente qué inmueble cumple ciertos requisitos”.
Una vez que seleccionaron la propiedad, “se hace toda esta mecánica de falsificar documentos que luego presentan a la Justicia y que “ésta mirando para otro lado, hace como que son verdaderos y otorga escrituras”.
Los roles que van mutando
La maniobra tiene nombres que se repiten en cada una de las demandas, y que según un informe del Superior Tribunal llegan a aparecer en unos mil expedientes: Hugo Guzmán, Sergio Correas y Javier Ochoa.
En una propiedad familiar de los abogados, Guzmán manifestó ser el dueño. Las pruebas que presentó fueron una serie de recibos de gente que cortaba el pasto (los otros dos restantes). La misma metodología se empleó en otras usurpaciones.
La participación de ellos se invierte en cada causa. En algunas uno de ellos impulsaba el juicio, mientras que otro aparecía como testigo, en otras los roles se invierten. Asimismo, a veces “Guzmán le cortaba el pasto a Ochoa en una casa, pero Ochoa le cortaba pasto a Guzmán en otra casa al mismo tiempo”.
“Es burda la documentación apócrifa que presentan y es burda la rotación de roles que tienen porque en un proceso uno aparece firmando recibos como documentación necesaria para la prosperidad de una eventual sentencia y luego firmando recibos como que corta el pasto al que inicia la acción. Y luego es al revés”, cuestionó Maximiliano.
Sumó a eso, la existencia de “recibos en donde el que firma pone un número de DNI y después se han olvidado de cambiarlo y otro recibo dice otro nombre, mismo número de DNI y la misma tipografía en los números”.
Una escribana fallecida, otra víctima
Tras el fallecimiento de la escribana Sara Quevedo Quiroga de Chávez, le usurparon la casa, le robaron documentación, sellos, protocolos de escribano y luego hicieron un “supuesto contrato donde no coincide lo que dice con el tiempo”. Pusieron “información que iba a ser dictada una resolución interlocutoria unos meses después, lo cual demuestra su falsedad”.
Otra anomalía fue que en ese documento la misma escribana certifica su firma, lo que es “imposible” porque no tienen permitido hacerlo.
“Otra cosa más, esta documentación la hacen figurar como si fuese en el 2018 y la escribana ya en el año 2014 había renunciado a la matrícula. Todo esto luce en expedientes civiles, judiciales, donde se ve que ni el secretario ni el juez ha tenido interés en denunciar en fiscalía”, agregaron los letrados.
La multiplicidad de pruebas y la inacción de la Justicia
“La gravedad es que atraviesa a todos los poderes del Estado. Han inventado un decreto, inventado escrituras, falsificado sellos y firmas de escribano, exposiciones policiales, denuncias policiales, firmas certificadas. No tiene límite el poder de falsificación de documentación”, criticó Maximiliano.
En concordancia mencionó que la banda fue denunciada “en múltiples ocasiones por ciudadanos comunes”, pero que una vez ingresadas en la Unidad de Abordaje Fiscal “se archiva el expediente y no se mueve”. “Ninguno logró que se investigara nada. Todas las causas fueron archivadas por la prescripción de la acción penal”, aseguró.
En este punto, se detuvo en otro caso: “Hay un contrato de compraventa que está datado en 1989 (sería la fecha de celebración). En el objeto lo describen al inmueble que se transfiere, le ponen la ubicación y dice ‘departamento Juan Martín de Pueyrredón’. En el año 89, se llamaba La Capital y así fue hasta 2010 a partir del cual se le cambió el nombre. Es decir, es tan falso que ni siquiera eso conmueve a quienes observan la prueba”.
“Esto atraviesa el Poder Judicial por completo. Debe ser investigado de una manera muy exhaustiva, muy minuciosa para ver qué participación tiene cada una de las personas que hemos indicado o qué nivel de utilización que han hecho de estas personas que no hayan participado”, insistió.
La causa está en manos del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí. “No entró por Abordaje sino por la Procuración por la gravedad de la denuncia. Es una mecánica donde las personas que participan tienen un sinfín de causas judiciales”, indicó.
Los abogados mencionaron que desde la denuncia “se hizo parcialmente una pericia en uno de los denunciados, pero los movimientos son bloqueados por la defensa que todo el tiempo está recurriendo”.
“Imaginate la situación de un fiscal investigando colegas o amigos del Poder Judicial. No es cómoda la situación y eso es lo que nos está pasando en el momento”, transmitió.
En este punto, volvieron a reclamar para que la causa avance. “Así como está planteada la cosa puede pasar que por un tecnicismo o una nulidad, le aseguren impunidad a este grupo de personas que vienen actuando de manera sistemática durante un montón de tiempo y han sido múltiples veces denunciados y jamás les cayó una sanción”, sostuvo.
Del mismo modo consideró que si no se lleva adelante una investigación “va a prescribir la acción o van a declarar la nulidad de la obtención de la prueba para garantizar la impunidad a esta persona (Domínguez), que es el abogado que tiene como cuñada una miembro del Superior Tribunal de Justicia. A quien le puso el domicilio en las demandas para notificar”.
“Permítanme decir que el Poder Judicial en esto no quiere investigar. O si lo quiere hacer, lo está haciendo de manera muy lenta y de esta manera no vamos a encontrar las consecuencias jurídicas para estas personas. Insisto, lo nuestro es una parte de la historia. En esta recolección de datos de información que hemos tenido con la investigación. Hay un sinfín de personas que han sido perjudicadas y que tras su denuncia no pasa nada”, afirmó Maximiliano.
Sebastián sí reconoció que con algunos integrantes de la asociación “ha avanzado un poco más el proceso, pero lamentablemente se ha estancado en asignarle simplemente tareas comunitarias y casualmente han sido solicitadas cumplirse en una fundación. Esta fundación tendría relación con esta asociación ilícita. Es la fundación FE o también asociación civil presente y futuro, que tiene por actividad distribuir planes sociales”.
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