EL FISCAL QUE INVESTIGA UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ADUEÑARSE DE PROPIEDADES DIJO QUE “POR LO MENOS HACE 10 AÑOS LA BANDA ESTÁ OPERANDO”
La causa ingresó por procuración General hace un año. Hay unos ocho involucrados, entre ellos, un abogado. El fiscal aseguró que si con el avance de la investigación surgen más responsabilidades “sean o no funcionarios, van a ser imputados”.
Luego de que se conociera la denuncia que los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone realizaron por una presunta asociación ilícita que se dedica a apropiarse de terrenos e inmuebles, utilizando a la Justicia, para obtener la escritura, el fiscal que tiene la causa, Francisco Assat Alí, dio detalles sobre el avance.
“Hace aproximadamente un año que la procuración General inició una investigación por la posible comisión de un delito que es asociación ilícita, es decir, un grupo de personas establecido con permanencia en el tiempo que tiene como fin adueñarse ilegítimamente de bienes inmuebles”, informó.
La denuncia se originó cuando esa banda delictiva intentó desplegar la maniobra en una propiedad familiar. “Detectaron la repetición de estas personas, que son aproximadamente ocho, entre ellas un abogado, en numerosos expedientes civiles y de usurpación con un claro objeto de adueñarse de estos bienes inmuebles a través de documentación adulterada, apócrifa y domicilios falsos”, precisó en declaraciones a El Chorrillero.
El representante del ministerio Público Fiscal reconoció que se trata de una causa compleja debido a que el 90% de la evidencia está conformada por documentos, que proviene de otro ámbito como es el fuero civil. En este sentido, más allá de las testimoniales de víctimas recolectadas, ordenaron pericias sobre las demandas que serían irreales.
Assat Alí coincidió en que las víctimas tienen un patrón común, esto es, personas que fallecieron o empresas que quebraron.
“Ya tenemos un informe informático de todo lo que son los expedientes civiles que tramitan en el Poder Judicial. Y claramente eso provocó que nos abocáramos a la investigación. Hemos empezado durante todo este plazo a requerir la visibilidad, la revisión de esos expedientes civiles. Estamos con las pericias, sobre todo denuncias que al parecer son apócrifas porque no coinciden las fechas con las comisarías. También sobre escribanos de quienes sus sellos no coinciden con los que están efectivamente registrados en el Colegio de Escribanos, al igual que sus firmas”, detalló.
A partir de las primeras actuaciones, consideró que el accionar encuadra en una asociación ilícita porque se trata de “un grupo de personas que de forma permanente ha estado operando durante varios años en este fuero con el claro objetivo de adueñarse de una forma ilícita de bienes inmuebles”.
El fiscal no pudo precisar desde cuándo la asociación ilícita está actuando debido a que “hay documentación que está fraguada que dice fechas que no coinciden con la realidad”. Sin embargo, afirmó que “hace por lo menos 10 años para atrás que esta banda está operando, y que se ha sostenido en el tiempo, que hasta el día de hoy sigue vigente”.
“Es una causa de las denominadas ‘complejas del derecho penal económico’, donde requiere mucho trabajo investigativo y muchos recursos por parte del ministerio Público en recabar todo lo que es la evidencia que es en un 90 % documental y que proviene normalmente de otro fuero que es ajeno al derecho penal, con lo cual demanda más tiempo recabar toda esa evidencia, procesarla en el sentido de peritarla. Una vez que tengamos todo ese cúmulo, ya avanzaremos con la formulación de la investigación respecto a las personas que ya tenemos identificadas”.
Respecto a los integrantes de la asociación, transmitió que “serían personas que son civiles y hay un letrado que sería el organizador de esto”. “Son aproximadamente ocho miembros donde hay una persona que es un abogado de la matrícula y los otros serían como personas que se repiten dentro de esos expedientes, en diferentes roles. En algunos casos denuncian, en otros son denunciados, en unos compran y en otros venden, pero siempre se van repitiendo en esos expedientes”, agregó.
“Si bien estamos avanzando en la recolección de evidencia, en la IPP se van a dilucidar los roles. Toda asociación ilícita tiene un jefe y personas que tienen un rol más secundario dentro de la misma y eso lo vamos a ir determinando durante la investigación”, explicó.
La denuncia que salpicó al Superior Tribunal de Justicia
“Vemos que hay cierta impunidad con este grupo de personas garantizada por los contactos y los vínculos estrechos que tienen con miembros del Poder Judicial”, afirmó uno de los denunciantes, Maximiliano Pipitone días atrás. Dijo que todas las apropiaciones surgieron de demandas impulsadas por el abogado Juan Cruz Domínguez, pareja de la presidenta de la Cámara Civil de Villa Mercedes, Nazarena Chada y cuñado de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada.
“Todo está sujeto a investigación, es decir, las responsabilidades que pueda haber, penales obviamente, dentro de la investigación van a ser investigadas y bueno, en el caso de haber alguna responsabilidad funcional, obviamente que el Ministerio Público la va a investigar y la va a imputar”, sostuvo el fiscal.
Asimismo, dijo que “en principio estamos ante una asociación ilícita con personas que se han identificado, que van a ser imputadas oportunamente y de acuerdo a cómo la investigación vaya avanzando, si de esa IPP surgen más personas, partícipes necesarios o secundarios, sean funcionarios o no sean funcionarios, van a ser imputados. Eso no queda ninguna duda”.
EL FISCAL QUE INVESTIGA UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ADUEÑARSE DE PROPIEDADES DIJO QUE “POR LO MENOS
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