JUSTICIA O IMPUNIDAD: LA SEGURIDAD DE SAN LUIS EN JUEGO
El 11 de marzo de 2025, en conferencia de prensa, el Jefe de Policía de la Provincia de San Luis, comisario general (RV) Pablo Vieytes, informó que en los últimos seis meses se registraron 1.169 delitos contra la propiedad, entre consumados y tentados. Ante esta cifra, surgió un interrogante clave: ¿se habrían evitado estos hechos si los delincuentes detenidos hubieran recibido prisión preventiva?
Después de las declaraciones de la máxima autoridad de la Policía provincial algunos medios de comunicación se preguntaron en publicaciones, comentarios y editoriales si la capacidad del Servicio Penitenciario Provincial estaba garantizada para albergar a 1.169 detenidos en caso que la Justicia decidiera enviarlos a ese lugar, pero es necesario aclarar un punto fundamental: la cifra informada corresponde a delitos, no a delincuentes. Según detalló Vieytes, muchos de los responsables han cometido múltiples ilícitos, con casos de individuos vinculados a dos, tres e incluso seis hechos delictivos.
En consecuencia, el problema no radica en la falta de espacio carcelario para 1.169 personas, sino en la reiterancia. Si se hubiese dictado prisión preventiva a aproximadamente 300 delincuentes, el impacto en la seguridad de la provincia habría sido significativo, reduciendo drásticamente la cantidad de delitos.
Además, es fundamental replantear el enfoque de la justicia en casos de reiterancia. No se trata simplemente de otorgar 20 días de alojamiento en un servicio penitenciario, donde los detenidos reciben comida, descanso y lugar apto de estadía, para luego volver a delinquir, todo a costa del ciudadano de San Luis. Las medidas deberían extenderse a un mínimo de 120 días, para los que tienen reiterancia, con una evaluación profesional de su conducta durante ese período. Solo así se podría determinar si están en condiciones de reinsertarse en la sociedad o si continúan representando un riesgo.
A modo de reflexión, cabe preguntarse quiere la Justicia devolverles a los vecinos de San Luis la seguridad que reclaman, necesitan y merecen. Esta es, además, una de las principales políticas públicas de la gestión actual del gobernador Claudio Poggi, con un fuerte enfoque en la lucha contra el delito y el narcotráfico.
Lo dijo la ministro de Seguridad, Nancy Sosa, en su discurso de comienzo de ciclo lectivo 2025 en el Instituto Superior de Seguridad Pública provincial hace unos días: “No hay sistema que resista en materia de prevención. Si la justicia continúa anclada en la doctrina abolicionista que favorece al delincuente y no a la víctima, los esfuerzos de la policía y las inversiones en seguridad no serán suficientes. Si la justicia continúa con la puerta giratoria, el delito irá en aumento, tornándose cada vez más violento. Así lo demuestran las estadísticas de las provincias vecinas.”
Es momento de tomar una decisión clara: ¿de qué lado estamos, del lado de la víctima o del victimario? Esa es la percepción de la gente que sufre un robo y, días después, vuelve a ver al delincuente pasar por la puerta de su casa. Es la misma frustración del policía que, tras detener a un delincuente en reiteradas oportunidades, lo encuentra nuevamente en la calle pocas horas después. La sociedad necesita respuestas concretas, no excusas.
Hoy, más que nunca, la seguridad no debe ser vista desde un prisma político. No importa a qué partido se represente, quién haya otorgado un cargo o qué intereses personales puedan influir en la toma de decisiones. Es momento de pensar en el bien común de los ciudadanos de San Luis. La seguridad es una necesidad urgente que atraviesa a toda la sociedad y no puede quedar supeditada a cálculos políticos o intereses sectoriales. Sin Justicia, no hay seguridad.
(*) Director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad de la Provincia
JUSTICIA O IMPUNIDAD: LA SEGURIDAD DE SAN LUIS EN JUEGO
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