LA JUSTICIA COMPROBÓ QUE NO EXISTIÓ LA ASAMBLEA DONDE RODRÍGUEZ SAÁ (H), FREIXES Y SU SECRETARIA FUERON DESIGNADOS LONKOS
Unos 20 integrantes del Pueblo Ranquel que habían firmado desconocían el contenido del documento. Creyeron que era una nota al ex gobernador para transmitirle conformidad con la gestión.
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Uno de los hechos de corrupción más resonantes que denunció el Gobierno provincial tuvo como víctimas a los integrantes del Pueblo Ranquel. Los protagonistas fueron el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h), el ex senador y ex ministro de Producción, Sergio Freixes y su secretaria privada Sofia Aguilera. Los tres se hicieron designar lonkos para administrar las riquezas y tierras de la comunidad.
Estos nombramientos, se habían realizado a través de una asamblea ratificada por una resolución de la dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.
A casi un mes de la denuncia que hizo la fiscalía de Estado y que fue expuesta por el gobernador Claudio Poggi, la Justicia comprobó que esa asamblea nunca existió.
El fiscal de Instrucción de Villa Mercedes, José Olguín, llamó a declarar a unas 20 personas, que integran la comunidad Ranquel. Sus firmas estaban en la designación de Rodríguez Saá (h), Freixes y Aguilera como caciques. Sin embargo, ellos desconocían los hechos.
“Se tomó testimonial de todos y cada uno de los que firmaron esa solicitud, esa supuesta asamblea y tenemos ya comprobado que no se hizo. En ningún momento hubo una asamblea realmente”, sostuvo el fiscal.
Para llevar adelante la maniobra, hicieron una recolección de firmas que incluso fue después de la fecha de los nombramientos: “Todos dijeron que ellos firmaron un escrito, que pasaron casa por casa, pero muy pocos entendían el contenido de lo que estaban firmando”.
“Supuestamente era una nota dirigida al gobernador (entonces Alberto Rodríguez Saá), diciéndole que querían o que estaban de acuerdo con la gestión de ahora y querían que se mantenga”, indicó Olguín en declaraciones a El Chorrillero.
En el mismo sentido, resaltó que “no sabían o entendían verdaderamente el contenido de lo que estaban haciendo” y “jamás supieron de la incorporación de dos o tres personas al pueblo Raquel y tampoco la designación de estos como lonkos”.
Por otro lado, el fiscal mencionó que lograron secuestrar documentación y Freixes cumplió “parcialmente con la restitución” de libros sobre la actividad comercial que hicieron. Se trata de unos 16 tomos que incluyen facturas.
El dirigente de Rodríguez Saá había sido intimado por la Justicia para presentar todo el material que tenía en su poder.
“Eso por supuesto ya se les va a restituir a la asociación para que ellos hagan el análisis de esos movimientos que hizo (Freixes) en su nombre”, agregó.
También resta que un contador realice un análisis de la información recolectada.
Además, Olguín mencionó que “no hay libro de actas de lo que era la vida en la sociedad, porque eso prácticamente no funcionaba. Funcionaba autónomamente y manejada por él lo que era la actividad comercial”.
En uno de sus informes, Poggi reveló que los lonkos Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá (h), se hicieron transferir un Aporte del Tesoro Provincial por $50 millones días antes de dejar el Gobierno.
El fiscal dijo que también pudieron corroborar eso aunque depende de la intervención en la comunidad ranquel. “Inmediatamente trabaron las cuentas bancarias y recuperaron tengo entendido que parte del dinero”, precisó.
El representante del ministerio Público Fiscal aclaró que si bien todavía no se han formulado cargos contra Freixes “está notificado de una investigación sobre él”. Y esta semana, convocarán a Tribunales a otro de los acusados.
En este punto, Olguín reiteró que el dirigente de Nueva Galia “es el que ha hecho toda la administración durante estos años ahí”.
LA JUSTICIA COMPROBÓ QUE NO EXISTIÓ LA ASAMBLEA, DONDE RODRÍGUEZ SAÁ (H), FREIXES Y SU SECRETARIA FU
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