VAYA SI NO ES TODO UN CAMBIO

Domingo, 17 Marzo, 2024

Por Daniel Poder

 

Las visitas a las escuelas en distintas ciudades y localidades de la provincia por parte del gobernador Claudio Poggi desde el inicio del ciclo lectivo dejan buen material para el análisis.

Esas actividades están en línea con una de las dos prioridades que el propio gobernador ha definido para estos cuatro años de su gestión: que los chicos coman y se eduquen.

Dos o tres datos de la realidad en las aulas explican porqué esa definición:

• San Luis tiene sólo un 30% promedio de escolarización temprana (salas de 3 años), porcentaje muy por debajo del 63,9% de la media nacional (datos oficiales). Los especialistas en el campo de la educación coinciden en resaltar la importancia de la escolaridad temprana.
• El 50% de los chicos tiene problemas de lecto comprensión y 7 de cada 10 no logran resolver las cuatro operaciones básicas, sumar, restar, dividir y multiplicar (datos Evaluación PISA).
• La mitad de los varones y el 39% de las mujeres de San Luis no han terminado el colegio secundario (dato Censo oficial 2022).

Esas tres afirmaciones alumbran porqué no se podía seguir mirando para otro lado.

Las recorridas de Poggi por las escuelas, actividad a la que se había comprometido en tiempos de campaña electoral, vienen a cuenta también de una particularidad que esta página señaló el pasado 13 de enero, bajo el título “Una nueva brújula política”, a partir de un análisis sobre los primeros treinta días de su gobierno.

En ese artículo publicado hace dos meses atrás se planteó que “hacía muchos años que un gobernador no se metía en el bolsillo de su saco cartas de ciudadanos que, cara a cara, le plantean alguna necesidad, un pedido, un reclamo”. Y eso es lo que se vio esta semana en Villa Mercedes.

A una docente de la Escuela N°34 “Raúl Basilio Díaz” le desbordó la angustia de la crítica situación económica, y frente al Gobernador lloró y pidió “pensar en los de abajo”. “Somos trabajadores pobres. Tenemos compañeras que se han super profesionalizado, yo me capacité, hice una licenciatura y hoy por hoy tengo que juntar monedas” le dijo la maestra a Poggi, que la escuchó, se mostró empático con su preocupación y la de sus pares docentes.

“Coincido con ustedes, y sepan que ponemos todo el esfuerzo para revertir esto. Pero a su vez pensemos que afuera de la escuela está el 50% de la población que no tiene trabajo, y que 7 de cada 10 chicos no come esta noche, y está muy mal, y me tengo que hacer cargo de todo, y le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto” le dijo el Gobernador.

Es interesante hacer memoria para entender esta situación coyuntural en un contexto mucho más abarcador, y en el que tuvieron protagonismo actores políticos de los últimos años en San Luis.

Argentina atraviesa la convulsión política de 2001, encuentra cierta normalidad institucional a partir de la presidencia de Eduardo Duhalde, y el 6 de enero de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov le pone fin a la convertibilidad, lleva el valor del dólar a 1,40, y el dólar libre trepa a 4 pesos.

En San Luis, Alicia Lemme completa el mandato de Adolfo Rodríguez Saá y el 25 de mayo de 2003 asume como gobernador Alberto Rodríguez Saá. No demorarían en llegar los primeros reclamos de los gremios por aumentos salariales.

Los sueldos del sector docente, por caso el grupo más representativo de esas marchas multitudinarias y heterogéneas que se vivieron alrededor de la histórica Casa de Gobierno frente a Plaza Independencia, estaban por debajo de la media nacional.

Aquellos planteos fueron acallados por el Gobierno que se valió del poder represivo de la Policía y con la utilización de trabajadores del Plan de Inclusión recién creado, a los que la oposición política no dudó en definir como un “ejército paralelo” que había formado Alberto Rodríguez Saá.

Pese al gravísimo contexto económico nacional de esos años previos, la provincia de San Luis tenía superávit fiscal, sólo 15 mil empleados públicos y unos 40 mil planes sociales que respondían a una situación de “emergencia” y de carácter temporal. Había un modelo de gobierno que morigeró los efectos del tsunami nacional.

La crisis por la que atraviesa San Luis en 2024 es mucho más aguda que aquella a la que fue arrastrada veinte años atrás.

En la actualidad, el Estado es totalmente diferente. Tiene 40 mil empleos públicos, 60 mil planes sociales, arrastra un déficit fiscal crónico y no tiene reservas. Más la crisis que enfrenta tiene un doble origen: el escenario nacional, y el daño ex profeso provocado por el gobierno anterior.

Qué tienen de parecido ambas fotos: las dos encuentran a gobernadores que recién comienzan sus mandatos, y enfrentan un escenario nacional muy delicado.

Qué tienen de diferente: la de 2003 tuvo un gobernador que no hablaba ni habló con los docentes y que silenció sus reclamos a fuerza de garrote; la de 2024 tiene un gobernador que hereda una situación de crisis creada por su antecesor, y que -más allá del también complicado escenario nacional- se muestra predispuesto a escuchar las inquietudes que le plantean.

Vaya si no es todo un cambio.

La foto 2004 fue publicada por el sitio Mi Reino, mis reglas. La foto 2024 es un captura de video.

Los nombres de Sergio Freixes y Cintia Ramírez han quedado estrechamente ligados al devenir judicial.

El ex ministro de la (i)Legalidad de Alberto Rodríguez Saá, condenado a 6 años de prisión por condicionar “la designación de cargos de la magistratura provincial a que los -jueces- aspirantes dejasen firmada su renuncia a disposición del gobernador de la Provincia de San Luis, de manera anticipada al puesto en un documento en blanco” fue nuevamente acusado de dos graves delitos.

La primera de las denuncias, de carácter penal fue presentada por Fiscalía de Estado con el patrocinio de Flavio Avila, y pide que se lo investigue por liderar una asociación ilícita que involucra a su esposa, Viviana Moreyra; sus hijos Diamela y Francis Freixes, Miguel Angel Montani, Sofía Elizabeht Aguilera, Marcos Daniel Ferreyra, Diego Ezequiel Lucero y Marcelo Balbo.

Según consta en esa presentación, la asociación ilícita denunciada “desarrolló sus actividades desde el día 21 de abril de 2020 hasta el 27 diciembre del año 2023” y tuvo como finalidad “organizar un esquema de maniobras defraudatorias sobre los fondos propios de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, con el fin de enriquecerse personalmente aprovechando su posición como funcionarios en perjuicio de la Administración Pública”.

La segunda denuncia, ante la Fiscalía Federal y con el patrocinio legal de Santiago Calderón Salomón es por el delito de lavado de dinero generado a partir de su administración de los bienes de la comunidad ranquel, lo que fue posible a partir de un poder otorgado por el ex ministro de Producción, Juan Lavandeira.

Esos beneficiados económicos habrían sido blanqueados a través de la empresa El Relincho SRL, constituida en 2017 para el desarrollo de actividades agropecuarias, inscripta a nombre de los hijos de Freixes, y cuyas cuotas sociales fueron transferidas al 100% a su esposa y progenitora de sus hijos, Viviana Moreyra.

En el caso de la ex secretaria de Deportes, la primera funcionaria de Rodríguez Saá imputada por hechos de corrupción, hay que decir que la Justicia rechazó el pedido de sus abogados defensores de presentar al ex gobernador como testigo.

¿Quiénes son los abogados de Ramírez? Sus abogados son: Ramiro Rubio, hijo del financista José Luis Rubio que tiene vinculación familiar con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá; y Marcos Juárez, quien fue condenado en 2016 por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia Córdoba a dos años y medio de prisión condicional e inhabilitación por ese mismo lapso por coimear al ex fiscal Roberto Matheu, también condenado a seis años de prisión.

Según el diario cordobés “Las Voz del Interior” “los hechos datan de agosto de 2003, cuando Roberto Matheu recibió coimas de los dos abogados en el marco de una causa que tramitaba su fiscalía. Morelli, según el debate que se celebró 13 años después, le pagó 2.000 pesos al fiscal para que libere a seis imputados, mientras que Juárez, hizo lo mismo para que reintegre un auto que el fiscal tenía incautado con relación a un secuestro.

Hay otro detalle interesante en relación al abogado Juárez. En su número de teléfono personal aparece de saco, corbata y pañuelo verde, posando en una foto junto al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá. Toda una presentación.

La crónica que la colega Antonella Camargo publicó en El Chorrillero revela los motivos por los que la defensa planteó que era necesario escuchar lo que tenía para decir el ex gobernador en relación a Ramírez.

La avanzada edad del ex mandatario, de 74 años y la posibilidad de qué, en el corto, mediano o largo plazo hasta el juicio se puedan ver afectadas sus condiciones físicas y mentales. “Es muy rico lo que tiene para decir e incorporar a la causa” dijo la defensa, según relata Camargo, testigo de esa audiencia.

Santiago Calderón Salomón, abogado de Fiscalía denunció que realidad se “busca un trato especial sobre este testigo” al pedir el testimonio del ex mandatario.

El Tribunal de Impugnaciones en lo penal, que integran los jueces Yanina Del Viso, Jorge Sabaini Zapata y Laura Molino -esta última, quien falló en contra del periodista Diego Masci en el “Spinuzzagate” y cuyo fallo fue corregido por el Superior Tribunal a instancia de una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- confirmó la decisión del juez Marcos Flores Leyes quien había rechazado el recurso de apelación por considerar que “faltó justificación” que avale la excepcionalidad en relación la edad del ex gobernador. Al entender de los jueces, permanece lúcido.

Todos Unidos, el espacio político que se referencia en el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá generó dos hechos políticos que, vistos con equidistancia, parecen revelar una incomodidad interna.

El primero de ellos fue la emisión de un documento titulado “Construyamos Unidos el Futuro” en el que se analiza la “complicada situación económica y social” que atraviesa el país y San Luis, reclama un “diálogo fluido, directo, sincero y respetuoso” entre los espacios de la convergencia gubernamental, párrafos que parecen introductorios de lo que verdadera y finalmente se quiere decir, y que llega a continuación.
“Nos preocupa la descalificación y destrato, podemos tener visiones distintas sobre un tema particular dentro del conjunto, pero el respeto a nuestro conductor y su señora esposa, es fundamental para mantener la unidad del lema del que somos parte”.

Ese párrafo en particular circuló subrayado en los mensajes de WhatsApp que intercambiaron dirigentes de diferentes extracciones que hicieron una misma lectura: ¿están denunciando fuego amigo?.

No es la primera vez que -aunque sin decir su nombre-, Gisela Vartalitis es mencionada como sujeto político propio y de peso en las decisiones de ese espacio. El albertismo puro supo sacarle provecho a esa idea a la que recurre, aún hoy, sin hartazgo, y confiados en su efectividad, para sembrar temores y generar discordias.

Sin embargo, lo nuevo es la centralidad que su dimensión personal cobra como protagonista en la lectura de un documento político del propio Consejo Provincial partidario.

El segundo episodio que puso a Todos Unidos a la luz de los reflectores fue la suspensión de Hugo Murgo, a quien responsabilizan de inconducta partidaria.

En castellano, creen que Murgo puso a rodar versiones maliciosas que afectan precisamente al buen nombre de Vartalitis. Y hay quienes firman que la suspensión se decidió luego de una fuerte discusión en la sede de Fisal entre Adolfo Rodríguez Saá y el propio Murgo, en la que el dirigente de Villa Mercedes se defendió reprochándole que se dejara llevar por habladurías.

Si se aquietan las aguas, o si la suspensión de Murgos abre la puerta a salidas voluntarias de otros dirigentes que estarían incómodos, se sabrá en cuestión de días.

Mientras, tres siluetas inconfundibles acompañan a diario a Adolfo Rodríguez Saá: son las de Alfredo Barzola, Carlos Sergnese y Amado Neme. Es una mesa de amigos, y de política. Se los distingue sin más y pese a la velocidad del tráfico, en la penunbra de cada atardecer sentados en una mesa de café sobre Avenida del Viento Chorrillero, en Juana Koslay.

Un párrafo final para el PJ.

La diputada provincial Fernanda Spinuzza aseguró que analizan expulsar a los diputados que formaron bloques independientes en la Legislatura.

Se lo adelantó esta semana en una entrevista televisiva al colega Orlando Suárez. Y parece que la cosa va en serio: “Yo no los saludo más”, dijo.

 

 

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