LA JUSTICIA, ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ Y LOS DELINCUENTES SUELTOS
La lenidad con los malhechores ordinarios y delincuentes VIP se verifica diariamente con lo que hacen y lo que dejan de hacer jueces y fiscales.
Se están reiterando, con inquietante frecuencia y en franco aumento, los casos en que la Justicia deja en libertad a delincuentes que, apenas salen de sus celdas, vuelven a poner en peligro la vida y los bienes de los ciudadanos.
Podrían adjudicarse estas decisiones a diversos motivos. Entre ellos que los jueces y fiscales están desbordados, que el andamiaje jurídico es obsoleto y que las cárceles están colapsadas. Pero nada de eso sucede aquí en San Luis. De ninguna manera.
Las razones de la lentitud y la blandura para tratar los actos de delincuentes ordinarios y de guante blanco hay que buscarlas en otro lado.
La Justicia está poblada de jueces y fiscales nombrados por Alberto Rodríguez Saá, en el plan de colonización que él urdió en su segundo ciclo en el Gobierno. Los puestos en Tribunales fueron cubiertos por abogados que anteriormente ocupaban lugares en el gabinete, militantes y con cargos en el kirchnerizado PJ como pergaminos excluyentes. Una evidente subordinación que no cesó cuando pasaron a atender en otro poder del Estado.
Esa dependencia indisimulada en un cuerpo de magistrados se ha prolongado en el tiempo, sin acusar recibo de que la sociedad votó un cambio que la Justicia debió leer hace rato.
Hay ejemplos de que se mantiene en pie esa Justicia adicta a un patrón feudal que fue desalojado del poder el 11-J por los ciudadanos mediante su voto.
La lenidad con los malhechores ordinarios y delincuentes VIP se verifica diariamente con lo que hacen y lo que dejan de hacer jueces y fiscales.
La saga de casos de delincuentes de distinta monta sueltos -después de una suerte de paseo exprés por los calabozos- y de funcionarios denunciados por corrupción, con expedientes que deambulan sin destino firme o duermen el sueño de los justos, significan una burla hacia una sociedad que, al cabo de 40 años, se hartó, llena de asco, de la corrupción e impunidad.
Abundan los ejemplos: pasaron 14 meses para que la Unidad de Abordaje Fiscal citara al secretario de Discapacidad, Luis Giraudo, a ratificar una denuncia por el vaciamiento y robo de caballos de las escuelas de equinoterapia, donde se brinda tratamiento terapéutico, educativo y recreativo para mejorar la calidad de vida a chicos con discapacidad.
La maldita deshonestidad no reconoce límites y la demora para actuar tiene olor a tolerancia cómplice.
Hay un sector de la Justicia que se comporta como el único grupo político alineado con el ex gobernador porque hasta la propia dirigencia partidaria con representación institucional que antes le reportaba, ahora está tomando otro camino.
El renunciante procurador General, Luis Martínez, (ex apoderado del PJ albertista y jefe del bloque de Diputados provinciales) es un exponente de los comisarios políticos que prestaron servicios a la causa albertista. Hace pocos días fue severamente reprendido por el ex gobernador por abandonar la jefatura de los fiscales.
Uno de los mayores dramas que hoy tiene San Luis es contar todavía con un cuerpo de magistrados posicionados en una especie de trinchera, sumado al espectáculo grotesco que ofrecen.
Lo peligroso es que con sus actuaciones solo aportan a aumentar los índices de inseguridad en la provincia.
Lo más grave es que exponen cada vez más a la sociedad.
por Daniel Miranda
LA JUSTICIA, ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ Y LOS DELINCUENTES SUELTOS
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